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Riesgo de indemnización millonaria por posible rescisión del contrato de Ribera Salud
La posible rescisión del contrato con Ribera Salud por la presunta reutilización de catéteres podría exponer a la Generalitat Valenciana a indemnizaciones millonarias. El contrato firmado con la empresa para la gestión del hospital del Vinalopó establece “razones de interés general” como cláusula para rescindir el contrato en caso de detectar prácticas ilegales, lo que podría derivar en una batalla judicial con 744,1 millones de euros en juego por los cuatro años restantes de concesión.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, declaró que se aplicarían medidas contundentes si se detectara alguna irregularidad, tras la polémica suscitada por un correo electrónico en el que un alto cargo de Ribera Salud instaba a reutilizar catéteres de un solo uso para ahorrar costes.
Posible litigio judicial
Tanto el PSPV como Compromís han anunciado que llevarán el caso ante la Fiscalía, sumándose a las protestas de la Plataforma por la Reversión del Vinalopó. Sin embargo, las condiciones del contrato prorrogado en mayo del año pasado hasta 2030 no facilitan la rescisión y podrían dar lugar a un litigio con reclamaciones millonarias por parte de la empresa.
Según el documento de formalización de la prórroga, la administración se compromete a abonar a la empresa un total de 826,7 millones de euros. Descontando los 82,6 millones previstos para 2025, aún quedarían por pagar 744,1 millones por los cuatro años restantes de concesión.
Ninguna de las cláusulas del pliego contempla negligencias como motivo de rescisión, ni tampoco el Real Decreto Legislativo 2/2000, que rige el acuerdo. Ambos documentos contemplan “razones de interés general” como posible causa, pero fuentes solventes indican que acogerse a este punto requiere una justificación rigurosa para evitar indemnizaciones.
Causas de resolución del contrato
El contrato establece otras causas de resolución, como el incumplimiento en el inicio de la gestión del servicio público, el incumplimiento de obligaciones esenciales en la prestación de servicios complementarios no sanitarios, el abandono del servicio o la obstrucción al control e inspección por parte de la Administración.
También se prevé el rescate total o parcial de la concesión por causa de interés público. Asimismo, el contratista deberá indemnizar los daños causados a terceros, salvo que sean imputables a la Administración.
La Conselleria de Sanidad ha remitido a las cláusulas del contrato y a la normativa en la que se basa para determinar si el caso de los catéteres, en caso de acreditarse su reutilización ilegal, sería motivo de rescisión.
Inspección y respuesta de Ribera Salud
Tras la publicación del correo electrónico, la Conselleria de Sanidad realizó una inspección sorpresa en el hospital del Vinalopó. Según fuentes de la Conselleria, los inspectores no detectaron que se estuviera reutilizando material de ese tipo en el momento de la inspección, aunque esto no descarta que se hubiera hecho antes.
Ribera Salud aseguró que la inspección evidenció que no se reesteriliza material fungible y que no se está reutilizando material de un solo uso en el Hospital Universitario del Vinalopó. Ante la existencia del correo interno que contradice esta declaración, la empresa sugirió que el documento podría haber sido manipulado.
El caso de Torrejón
En Madrid, un juzgado archivó una querella contra los gestores de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón de Ardoz por priorizar intervenciones médicas más rentables. Sin embargo, la Fiscalía considera que sí hay prevaricación y ha remitido más denuncias.
La Comunidad de Madrid ha insistido en que la inspección ha negado rotundamente la reutilización de material en el Hospital de Torrejón, afirmando que existe una trazabilidad de todo el material utilizado en los quirófanos.
