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Pesadilla de Inquiokupación en Castilla-La Mancha: Una Familia Pierde Miles de Euros
La historia de Patricia y su esposo, residentes de La Sagra (Toledo), es un claro ejemplo de los problemas que enfrentan muchos propietarios en Castilla-La Mancha. Tras mudarse a Andalucía por motivos laborales, decidieron alquilar su vivienda para hacer frente a la hipoteca. Sin embargo, esta decisión se transformó en una pesadilla de cinco años debido a la “inquiokupación”, generando pérdidas económicas significativas.
El Comienzo del Calvario
El problema comenzó cuando el inquilino dejó de abonar el alquiler. A pesar de ofrecer una rebaja, los pagos cesaron por completo.
El inquilino, acogiéndose a la ley, obtuvo un informe de servicios sociales que lo declaraba vulnerable, lo que impidió a los propietarios tomar acciones legales. Patricia denuncia que hasta cuatro personas en edad de trabajar residían en la vivienda, una de las cuales incluso trabajaba para un ayuntamiento.
Un Acuerdo Agridulce para Recuperar su Hogar
Después de cinco largos años, la familia propietaria logró recuperar las llaves de su casa mediante un acuerdo extrajudicial. Este acuerdo implicó perdonar la totalidad de la deuda acumulada a cambio de que los inquilinos abandonaran la propiedad. La experiencia fue tan traumática que Patricia afirma rotundamente: “No, no alquilaré jamás mi vivienda hasta que no haya seguridad jurídica”.
Deudas y Destrozos: Un Panorama Desolador
Al regresar a su hogar, se encontraron con un panorama devastador.
Según Patricia, la deuda asciende a un mínimo de 40.000 euros, sin incluir los gastos de reparación. Esta cifra incluye la renta impagada y deudas de suministros, como los 3.000 euros acumulados en facturas de agua.
Además del perjuicio económico, los daños materiales son considerables. “La gran parte de la casa está completamente destrozada”, lamenta la propietaria. Los inquilinos se llevaron la caldera, la lavadora, el lavavajillas y el aire acondicionado, dejando la vivienda vacía y llena de suciedad.
Un Problema Extendido y una Legislación Criticada
Patricia denuncia que su caso no es aislado, y que en La Sagra hay más de 500 casas ocupadas, aunque muchos afectados no lo denuncian.
Considera que la legislación actual, con decretos que se renuevan desde la pandemia, dificulta la ejecución de desahucios, a pesar de la existencia de una ley antidesahucios en Castilla-La Mancha.
La propietaria critica que muchos “se hacen pasar por vulnerables cuando verdaderamente no lo son”, perjudicando a los vecinos y a quienes sí necesitan esa protección. Por ello, hace un llamamiento: “Que la gente intente ponerse un segundo en mi lugar, a toda la clase de trabajadora que se ponga en mi lugar”.
Llamamiento a las Administraciones Públicas
Patricia considera que “son las administraciones públicas quienes tienen que asumir esta responsabilidad”, y advierte que “hay verdaderos dramas con este tema, gente que no puede más, que se quiere suicidar”.
