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El Procurador del Común exige la reapertura de la farmacia en Villar del Río
El Procurador del Común ha emitido una resolución instando a la Junta de Castilla y León a reabrir la farmacia de Villar del Río, un establecimiento crucial para el servicio de salud en el Valle del Cidacos y parte de Tierras Altas.
La resolución también recomienda que se valore la declaración de la zona como área farmacéutica especial, una demanda que la plataforma vecinal ha mantenido durante casi ocho años.
La farmacia: un servicio esencial
Nieves Orte, portavoz de la plataforma, destaca la necesidad fundamental de la farmacia, enfatizando que no se trata solo de dispensar medicamentos, sino de proporcionar un servicio básico de salud con un trato directo e igualitario, vital para la población rural.
Orte califica la situación actual como una “aberración”, ya que los vecinos deben recorrer hasta 30 kilómetros por carreteras de montaña para obtener sus medicamentos. Esta situación representa una barrera significativa, especialmente para la población envejecida y los pacientes crónicos de la comarca.
Impacto en el asentamiento poblacional
La falta de servicios básicos como la farmacia afecta directamente el asentamiento poblacional.
Nieves Orte explica que la ausencia de este servicio, junto con la falta de escuela o vivienda, disuade a nuevas familias y jóvenes de instalarse en la zona, contribuyendo a la disminución de la población.
La respuesta de la Junta y las críticas
La Junta ha justificado su postura argumentando la baja densidad de población. Sin embargo, Orte rebate esta cifra, recordando que la farmacia atendería a más de 23 municipios del Valle del Cidacos y otras localidades de Tierras Altas.
La plataforma critica que la baja población se considere un obstáculo, cuando debería ser un motivo para facilitar la vida de los habitantes.
También se han criticado las justificaciones sobre la suficiencia de los botiquines y la supuesta falta de visitas a las instalaciones de Villar del Río. Nieves Orte considera “absurdo” este último punto, ya que el local no está abierto ni cuenta con los servicios necesarios.
“Tenemos el mismo derecho de un abastecimiento adecuado en igualdad al resto de la población”, afirma.
Esperanza tras la resolución
Tras la firme resolución del Procurador, que establece un plazo de dos meses para la respuesta de la Junta, los vecinos esperan que la administración tome medidas concretas para solucionar esta problemática.
