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CUANDO EL COMPRADOR EXTRANJERO EXPULSA AL RESIDENTE: “EN ESTAS ISLAS ES MÁS RENTABLE ALQUILAR VIVIENDAS QUE TRABAJAR
Tomeu Torres Riera y Roger Vila Martínez, ciudadanos de las Islas Baleares sin vivienda propia, podrían entablar una conversación sobre su dificultad para acceder a una hipoteca. A pesar de la distancia entre Ibiza y Menorca y la diferencia de edad, ambos han sido afectados por el aumento significativo de los precios inmobiliarios en la última década.
El problema afecta a todo el archipiélago, manifestándose en Formentera, Ibiza, Palma y Menorca, con una demanda constante y una oferta limitada.
Tomeu estima que él y su novia, una enfermera, necesitarían aproximadamente seis años para ahorrar los 50.000 euros que el banco les exigiría para concederles un crédito en el interior de Mallorca. Por su parte, Roger, maestro cervecero y empresario, y su pareja, restauradora y arqueóloga, calculan un período de ahorro de diez años para poder pagar la entrada de una vivienda.
Ambos coinciden en que la compra de viviendas por parte de extranjeros en las Islas Baleares es un factor determinante en los precios elevados. Tomeu destaca que los extranjeros buscan propiedades en Palma, la Tramuntana y los pueblos costeros, que son las zonas más caras. Roger añade que, desde la pandemia, la compra masiva por parte de franceses ha provocado un aumento exponencial de los precios.
Más de 4.000 euros el metro cuadrado
Las transacciones inmobiliarias en las Islas Baleares generan alrededor de 6.000 millones de euros anuales, con un 30% protagonizado por compradores extranjeros, tanto comunitarios (principalmente alemanes) como no comunitarios.
Este tipo de comprador, resida o no en el archipiélago, influye en la especulación del suelo. El precio promedio del metro cuadrado supera los 4.000 euros, lo que equivale a más de tres salarios mínimos interprofesionales, alcanzando niveles similares a Madrid o Barcelona, pero con un PIB per cápita inferior.
Sònia Vives Miró, doctora en Geografía Urbana, señala que se ha llegado a una economía donde es más rentable alquilar viviendas que trabajar, convirtiendo la riqueza inmobiliaria en un factor de posicionamiento social. Joan David Janer Torrens, catedrático en Derecho Internacional, destaca la gravedad del problema debido a la limitación territorial de las islas y la alta demanda.
Janer añade que las patronales y asociaciones inmobiliarias constatan que la demanda extranjera está presionando los precios de los inmuebles.
Con Luxemburgo hemos topado
España propuso a la Unión Europea limitar en Canarias la compra de viviendas que no sean para vivir. En 2024, Janer analizó la posible justificación y compatibilidad con el derecho de aplicar restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de residentes no españoles en las Islas Baleares.
El análisis de Janer se basa en el Artículo 47 de la Constitución Española, que establece el derecho a una vivienda digna y adecuada. En 1979, la Unión de Centro Democrático intentó limitar el patrimonio de “súbditos foráneos” en las islas, pero las élites baleares lo impidieron.
En el Tratado de Adhesión a la Unión Europea, España no exigió medidas proteccionistas en cuestiones de territorio, a diferencia de otros países como Austria, Finlandia, Croacia o Malta, que sí obtuvieron beneficios. Por lo tanto, actualmente, las Islas Baleares no pueden poner condiciones a la libre circulación de personas, bienes y capitales sin enfrentarse a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El asunto sigue siendo un tabú en la política insular. La vía que ahora explora Canarias no fue considerada por el gobierno de centroizquierda que controló la sede del Gobierno Balear entre 2015 y 2023.
Janer considera que al PSOE le costó asumir los planteamientos de sus socios y que solo se creó una comisión para estudiar el tema cuando no hubo más remedio. En cambio, el Gobierno del Estado parece tener otra lógica y transmite a Bruselas la preocupación de un gobierno regional, como el canario.
El Partido Popular, en el poder en las principales instituciones del archipiélago balear desde hace dos años y medio, parece mostrar menos entusiasmo. El gobierno que preside Marga Prohens prefiere la “contención” al “decrecimiento”.
La Conselleria d’Habitatge alude a “las 7.000 viviendas” públicas o concertadas prometidas para esta legislatura y a que “el Plan de Vivienda asequible de la UE tenga especial sensibilidad y trato diferencial para aquellos territorios limitados, como las islas”. Sin embargo, en la presentación de este proyecto no se leen medidas específicas que intervengan o condicionen el libre mercado más allá de incentivar la construcción de viviendas sociales.
El inconveniente de no ser ultraperiféricos
Janer reconoce que Canarias es considerada un territorio ultraperiférico de la Unión Europea, lo que les da ciertas esperanzas de poder regular la compra de vivienda por parte de extranjeros, mientras que en las Islas Baleares no ocurre lo mismo. La Coalición Canaria parece tener sintonía con el Ministerio de Vivienda, algo que Janer duda que ocurra con el gobierno balear.
Según el catedrático, existe un resquicio legal para restringir estas libertades por motivos de interés general, siempre que sean proporcionales y justificados de forma clara. Para que se acepte, debe formar parte de una estrategia global entre las Administraciones públicas en temas de vivienda.
Vives recuerda que, cuando estudiaba, alquilar en Palma con compañeros no costaba más de 500 euros el piso entero. Ahora, describe una sociedad donde “con un empleo no tienes vivienda”, pero con una buena herencia “puedes convertirte en rentista”. Es la parte más cruda de la “quinta ola de la gentrificación”.
Vives señala que la entrada del capitalismo internacional en estas islas ha provocado que un porcentaje similar a las viviendas que compran extranjeros sean operaciones sin hipotecas. Quien se convierte en propietario en estas islas no es la misma gente que antes.
Anuncios millonarios que no hablan catalán ni castellano
Tomeu excluye tres zonas de Mallorca de su búsqueda de vivienda: la sierra, la capital y los municipios costeros. Los escaparates de muchas inmobiliarias, donde el castellano y el catalán brillan por su ausencia, evidencian que quien compra en Santa Catalina, Andratx o Santanyí suele hablar sueco, ruso o alemán.
La misma situación se observa en Ibiza. Un cartel en inglés en Marina Botafoch anuncia exclusivos penthouse y advierte de que se están vendiendo rápidamente, a pesar de que la obra aún no ha comenzado.
Tomeu explica que ninguno de sus amigos ibicencos ha podido acceder a una hipoteca y que quienes viven por su cuenta lo hacen gracias a herencias o a la división de casas más grandes. Esta sería la alternativa a la que tendrían que recurrir si se quedaran en la isla.
Roger cruza los dedos para que su alquiler no suba. Vive con su pareja y pagan 1.250 euros por una casa en el campo. Considera que los arrendadores les están haciendo un favor manteniendo ese precio. En Menorca, ya sería precio de mercado: no se encuentran pisos en Maó por menos de 1.200 o 1.300 euros.
Roger recuerda que entre 2013 y 2017 pagaba 500 euros por una casa de más de cien metros cuadrados en Sant Climent, pero que después de la pandemia todo degeneró. Su familia, originaria de Valencia, pudo comprar una vivienda en la isla cuando él era pequeño, pero ahora se pregunta a qué proyecto de vida puede aspirar, ya que a partir de cierta edad ya no es fácil obtener una hipoteca.
A pesar de que Tomeu y su chica han considerado mudarse a Valencia, donde han visto viviendas a mitad de precio que en Mallorca, Roger no se plantea dejar Menorca, donde ha crecido. Sus padres, después de tantos años, ya no tienen nada en Valencia más que recuerdos, y aunque en cierto modo no acaben de encajar aquí, allí encajarían aún menos.
