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JUICIO DEL ‘CASO TAULA’: UN ACUSADO SEÑALA A GONZÁLEZ PONS POR CONTRATO A MARCOS BENAVENT
El juicio del ‘caso Taula’, específicamente la pieza separada E, ha traído consigo la reaparición de Vicente Burgos, figura veterana del Partido Popular (PP) que se retiró de la política tras su encarcelamiento en 2014. Burgos enfrenta cargos por un presunto delito continuado de malversación, por el cual la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cinco años de prisión.
El Contrato de Benavent y las Acusaciones
Burgos está siendo juzgado por la contratación de Marcos Benavent, conocido como el ‘yonqui del dinero’, en la Fundación Jaume II El Just, de la cual Burgos era gerente. Durante la sesión, el acusado señaló a Esteban González Pons, conseller de Cultura en 2003, como responsable de la firma del contrato. González Pons es actualmente eurodiputado del PP y miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.
En su declaración, Burgos se describió como un “gerente sin atribuciones” y afirmó que Benavent, aunque contratado por la fundación, era un “eventual del gabinete” de González Pons. Según la Fiscalía Anticorrupción, Benavent cobró un total de 164.676 euros de la Fundación Jaume II El Just.
La Defensa de Burgos y las Sorpresas en el Juicio
Burgos argumentó que los tres consellers de Cultura sucesivos (Alejandro Font de Mora, Trinidad Miró y González Pons) eran los presidentes “indubitados” de la fundación. Describió el cargo de Benavent como director de actos institucionales como una mera “etiqueta”, ofreciendo explicaciones extensas y, en ocasiones, confusas, lo que llevó a la presidenta del tribunal a pedirle mayor concreción.
El exgerente defendió que la fundación era una “entidad de derecho privado”, a pesar de financiarse con fondos públicos. Alegó que se sostenía con “patrocinios, esponsorizaciones y créditos bancarios”, ninguno de ellos avalado por la Generalitat.
Un Objetivo Político y la Recuperación del Claustro
Burgos declaró que el proyecto de repatriar el claustro alto del Palacio del Abad al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna era una prioridad del Consell presidido por Francisco Camps. Este vestigio, fuera del territorio valenciano desde la desamortización de Mendizábal, debía ser recuperado para convertir el monasterio en un centro espiritual para los valencianos.
Según Burgos, González Pons situó a Benavent en la fundación como “enlace” para este fin, aunque admitió que Benavent no tenía ni mesa ni silla en las instalaciones. “Había una motivación política y de objetivos por parte de la propia conselleria”, afirmó.
Cambio de Versión y Estallido Emocional
Burgos admitió haber afirmado previamente que Benavent no trabajaba en la fundación, pero justificó su cambio de versión como una estrategia de defensa, argumentando que ahora era el “momento procesal oportuno” para sus matizaciones.
Hacia el final de su declaración, Burgos estalló emocionalmente, lamentando el dolor causado por la instrucción del ‘caso Taula’ y mencionando el suicidio de su exmujer, María José Alcón, quien también fue investigada en el procedimiento. Ante los gritos y gestos de Burgos, la presidenta del tribunal le pidió calma y compostura.
En sus preguntas finales, la magistrada indagó sobre quién gestionaba la contratación de personal y quién daba las órdenes para ejecutar los contratos en la fundación. Burgos respondió que la presidenta ejecutiva se encargaba de la contratación y que él no tenía “ni firma”, siendo la única firma solidaria la del conseller.
Finalmente, Burgos afirmó que su objetivo en la fundación era “servir a la Generalitat” y “cumplir un objetivo que no se había cumplido en los últimos cien años”. Cerró su declaración disculpándose por su tono de voz elevado, atribuyéndolo a sus problemas de audición.
