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Archivo de causa judicial al Gobierno andaluz por contratos sanitarios desata reacciones
El archivo judicial de la primera investigación sobre los contratos de emergencia con la sanidad privada en Andalucía ha generado una fuerte reacción política, marcando un punto de inflexión en la estrategia de la oposición y generando euforia en el gobierno regional.
El contexto: investigaciones y críticas a la gestión sanitaria
Durante más de un año, el Gobierno andaluz ha enfrentado críticas por su gestión sanitaria, abarcando desde las demoras en la atención médica hasta las investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas.
La investigación judicial se centraba en la utilización de contratos de emergencia con clínicas privadas, realizados sin publicidad ni concurrencia competitiva, bajo el amparo del marco legal habilitado durante la pandemia, incluso después de su derogación.
La Junta defendió la legitimidad del procedimiento de contratación de emergencia, argumentando que la OMS aún no había levantado oficialmente la declaración de pandemia.
El archivo de la causa y las reacciones políticas
El archivo de la causa judicial ha sido interpretado por el PP como un respaldo a su gestión sanitaria, mientras que el PSOE ha mostrado su decepción y ha anunciado que recurrirá la decisión.
El PSOE alega que el sobreseimiento no cumple con la doctrina del Tribunal Supremo y que existen “indicios suficientes” para seguir investigando.
En el PSOE andaluz se ha reconocido “desconcierto”, ya que poco antes del archivo, el juez tomó declaración a la exconsejera de Salud, quien ofreció una versión distinta sobre quién ordenó retirar los controles previos a los contratos sanitarios.
Argumentos del juez y reacciones de la oposición
El juez reconoce las irregularidades denunciadas por los interventores del SAS, pero considera que las prórrogas de los contratos respondieron a necesidades perentorias derivadas de la pandemia.
El auto defiende que “no hay delito” argumentando que ninguna otra empresa sanitaria del sector privado recurrió los contratos a dedo del SAS, al considerar que todas ganaban con el procedimiento de adjudicación directa y de urgencia.
Desde la izquierda, se han cuestionado los motivos del archivo y se han vertido sospechas sobre la imparcialidad de la justicia.
La respuesta del Gobierno andaluz
El Gobierno andaluz ha defendido su actuación, argumentando que se actuó en el ámbito de una crisis sanitaria y que los contratos contaban con informes jurídicos.
La Junta ha acusado al PSOE y a Podemos de “indignidad” por “intentar sacar rédito político de la tragedia del coronavirus”.
