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Nuevos giros del PP sobre la regularización de migrantes: Del apoyo inicial a las críticas y la “cortina de humo
El Partido Popular (PP) ha experimentado un notable cambio de postura con respecto a la regularización de personas migrantes en España. Inicialmente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había manifestado el apoyo de su partido al inicio de la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP) para regularizar a migrantes que viven y trabajan en España sin los permisos necesarios, asegurando que “esos pueden estar tranquilos”.
Sin embargo, la situación ha dado un vuelco. Ahora, Feijóo critica al Gobierno por, según él, “desbordar nuestros servicios públicos” y relaciona el acuerdo del Gobierno con Podemos para la regularización con un intento de desviar la atención del accidente ferroviario de Adamuz.
El Congreso y la ILP: Un apoyo inicial mayoritario
En 2024, el Congreso de los Diputados respaldó el debate de una ILP para la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 migrantes que, según estimaciones de los promotores de la iniciativa, residen en España sin la documentación adecuada y, por ende, sin acceso a derechos básicos. La propuesta, respaldada por numerosas organizaciones sociales, recibió un apoyo abrumador: 310 votos a favor y 33 en contra, con Vox como único partido votando en contra.
La presencia de Cáritas entre los firmantes de la ILP fue un factor determinante para el apoyo del PP, que lo utilizó como justificación para su voto favorable. No obstante, el PP se ha visto dividido entre las posiciones de su base social y de la Iglesia, y su competencia con Vox por el electorado de derecha más radical.
Endurecimiento del discurso sobre la inmigración
Mientras la ILP avanzaba lentamente en el Congreso, el PP ha ido endureciendo su discurso sobre la inmigración. Apenas un mes después de votar a favor de la iniciativa popular, Feijóo utilizó el tema de la inmigración como arma electoral en Catalunya, señalando que los inmigrantes “ocupan nuestros domicilios”. Este discurso se ha intensificado, con el partido argumentando que los ciudadanos tienen “derecho a salir a la calle con seguridad”.
En consonancia con la patronal CEOE, que ha solicitado en repetidas ocasiones la regularización de personas que ya trabajan en España, el entonces portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, afirmó que su partido está “a favor de la inmigración regular y ordenada porque España lo necesita”. Sin embargo, Tellado también llegó a solicitar la intervención de la Armada para impedir la llegada de embarcaciones con migrantes a España, una petición similar a la de Vox.
Vaivenes y contradicciones
Los cambios de postura del PP en esta materia han sido constantes. En agosto de 2024, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, defendió nuevamente la regularización de personas migrantes, afirmando que “hay que darles una salida” y refiriéndose a “los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores”.
Competencia con la extrema derecha
El auge de Vox y del discurso racista ha desestabilizado el equilibrio precario en el que se encontraba el PP, que ha entrado de lleno en la competencia con la extrema derecha en este ámbito. Feijóo ha propuesto un sistema de “carné por puntos” para inmigrantes y ha acusado a las personas migrantes de “convertir barrios enteros en lugares irreconocibles”.
El PP también plantea expulsar a migrantes legales “reincidentes” por delitos “aunque sean leves”, a pesar de que su líder ha manifestado no estar “dispuestos a que en España crezca la xenofobia”. Además, el partido ha planteado condiciones para las regularizaciones extraordinarias, como la revisión individualizada de cada solicitud, la verificación de antecedentes penales y la realización de un examen de conocimiento del idioma español.
Críticas al acuerdo Gobierno-Podemos
El PP ha criticado duramente el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para formalizar la regularización extraordinaria a través de un real decreto, argumentando que se trata de “una cortina de humo para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz”. El partido sostiene que “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías”.
El PP considera que “regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie”, y que “alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”. El partido acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” y de provocar “consecuencias sociales muy concretas”, afirmando que “acelera la fractura social, rompe la convivencia en barrios enteros y genera comunidades paralelas”.
Finalmente, el PP sostiene que “la nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”, a pesar de que el proceso es similar a otros que su propio partido ha utilizado en el pasado para regularizar a más de medio millón de personas.
