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Regularización de Migrantes en España: Desmintiendo Bulos y Analizando Reacciones
La inminente regularización de migrantes en España ha desatado una ola de desinformación y controversia. Diversas cuentas en redes sociales han propagado la idea falsa de que esta medida es un “amaño electoral” para favorecer al presidente Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales. Sin embargo, el sistema electoral español impide que las personas regularizadas participen en dichos comicios.
La legislación electoral establece que solo los ciudadanos españoles mayores de edad e inscritos en el censo electoral tienen derecho al voto. Obtener la nacionalidad española es un proceso distinto a la regularización, que no confiere automáticamente la ciudadanía. Para solicitar la nacionalidad por residencia, se requiere una estancia legal, continuada e inmediatamente anterior de diez años en España, aunque existen excepciones que reducen este período.
En las elecciones municipales, la situación es diferente. Los residentes extranjeros en España provenientes de países que permiten el voto a los españoles en sus territorios, según tratados específicos, sí pueden votar. Asimismo, los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España que cumplan los requisitos para ser electores y hayan manifestado su deseo de votar en España tienen derecho al sufragio activo. No obstante, las personas en situación irregular carecen de derecho a voto en cualquier tipo de elección.
La regularización propuesta por el Gobierno beneficiará a quienes demuestren estar en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar cinco meses de residencia mediante el empadronamiento, un informe médico o un contrato de suministro eléctrico. La admisión a trámite de la solicitud otorgará automáticamente un permiso de trabajo por un año y suspenderá cualquier procedimiento de retorno.
Reacciones de los Sindicatos Policiales
Algunos sindicatos de la Policía Nacional han expresado su rechazo a esta regularización extraordinaria, argumentando que se llevará a cabo “sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad”. Han manifestado su preocupación por un posible “efecto llamada” y por el fortalecimiento de las “mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos”.
El SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha afirmado que “el resultado es siempre el mismo: beneficio para las mafias que trafican con seres humanos y abandono institucional de la Policía”. Jupol, por su parte, ha advertido sobre el “colapso” en Extranjería y los “riesgos operativos de una regularización masiva sin refuerzo policial”, expresando su “seria preocupación por el impacto operativo y funcional” de la medida.
Sin embargo, cabe destacar que esta es la décima regularización de personas migrantes que se realiza en España. Cinco de ellas fueron aprobadas por el Partido Popular (PP) y las restantes, incluyendo la actual, por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En ninguna de las anteriores regularizaciones se ha comprometido la seguridad pública.
