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El Congreso tumba el decreto del ‘escudo social’ que protegía a los vulnerables
El Congreso de los Diputados ha derogado este martes el decreto ley conocido como ‘escudo social’, una normativa que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos como agua y luz para personas en situación de vulnerabilidad.
La votación, que resultó en el rechazo del decreto, contó con el apoyo de PP, Vox, Junts y UPN. Esta decisión supone la eliminación de una serie de medidas que estaban en vigor desde el pasado mes de diciembre.
¿Qué implicaciones tiene la derogación?
La derogación del decreto implica el fin de las ayudas fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos y la eliminación de la prohibición de interrumpir el suministro de servicios básicos a los colectivos más vulnerables.
En lo que respecta a la revalorización de las pensiones, el Gobierno ya ha efectuado el pago correspondiente al mes de enero aplicando una subida del 2,7%.
Sin embargo, ahora deberá aprobar una nueva norma para garantizar que este incremento se mantenga en los próximos meses.
Justificaciones del rechazo
PP, Junts y Vox han argumentado su voto en contra del decreto ley ‘ómnibus’ señalando que, si bien su elemento central era la actualización de las pensiones, el texto contenía otras medidas con las que no estaban de acuerdo. En particular, han criticado la prohibición de desahucios para familias vulnerables, considerándola una forma de protección de la “okupación”.
Tanto PP como Junts han manifestado su disposición a aprobar la subida de las pensiones siempre y cuando esta se presente en una norma separada que no incluya otras disposiciones.
Críticas desde otros sectores
Aunque apoyaron el texto, algunos de los socios del Gobierno también expresaron críticas.
El PNV, por ejemplo, considera que el coste de la protección a los colectivos vulnerables recae sobre los propietarios de viviendas. Por su parte, Bildu y ERC abogan por que el escudo social tenga un carácter estructural.
Además de la revalorización de las pensiones y la suspensión de los desahucios, el decreto ley también contemplaba la prohibición de cortar los suministros a familias vulnerables, la prórroga de los módulos para los autónomos, la ampliación de las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y medidas fiscales para los afectados por la dana o los incendios.
