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NUEVA REGULARIZACIÓN EXTRAORDINARIA DE MIGRANTES EN ESPAÑA: ALCANCE Y REACCIONES
El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto para llevar a cabo una regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 migrantes que residen en el país. Esta decisión, fruto de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, se produce tras meses de bloqueo en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por casi 900 organizaciones y más de 600.000 firmas.
Requisitos y Proceso de Regularización
Para poder acogerse a esta medida, los solicitantes deberán demostrar una presencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre, además de carecer de antecedentes penales. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha destacado que se busca retomar el espíritu de la ILP, flexibilizando los requisitos para acreditar la estancia, no limitándose únicamente al padrón. La Fundación por Causa ha valorado positivamente este aspecto.
El plazo para presentar las solicitudes se espera que comience a principios de abril y se extenderá hasta el 30 de junio.
El permiso concedido tendrá una duración de un año e incluirá autorización de residencia y trabajo en cualquier sector y en todo el territorio nacional, así como acceso completo al sistema nacional de salud. Los procedimientos de retorno u órdenes de expulsión quedarán suspendidos una vez presentada la solicitud.
Impacto Económico y Laboral
El economista Miguel Ángel García, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ha señalado que esta medida tendrá un impacto directo en el mercado laboral. Según García, el mercado español tiene una gran capacidad de absorción de migrantes, como demuestra el hecho de que “tres de cada cuatro empleos” creados recientemente han sido ocupados por ellos. El economista ha aclarado que los inmigrantes no quitan trabajo a los nacionales, sino que ocupan aquellos empleos que los nacidos en España no desean.
Estos puestos se concentran principalmente en sectores como la agricultura, el cuidado de personas, la hostelería, la construcción y el comercio.
Sin embargo, García advierte que, a pesar de la llegada de nuevos cotizantes, “la inmigración no va a resolver el problema de las pensiones”, ya que la estructura actual del sistema hace que el déficit se incremente a medida que aumenta el número de contribuyentes.
Planificación e Integración
El profesor García ha señalado como punto crítico la falta de planificación en la integración de los migrantes. Considera que, si se necesitan inmigrantes, es necesario tomar medidas complementarias que permitan su correcta integración, garantizando el acceso a educación, sanidad y vivienda, y evitando así que se genere “xenofobia contra los recién llegados”.
Testimonios y Reacciones
Augustine Ndour, uno de los impulsores de la ILP original, vivió en primera persona una regularización en 2001, bajo el gobierno de José María Aznar. Para él, supuso “un cambio drástico, un cambio total como la noche y el día”, recordando la angustia de vivir sin papeles. Esta experiencia fue el motor para impulsar la nueva iniciativa y dar dignidad a miles de personas.
La medida ha sido celebrada por las casi 900 organizaciones que apoyaron la ILP, entre ellas Cáritas o la Conferencia Episcopal.
Por el contrario, partidos como Vox han anunciado que recurrirán la decisión, mientras que sindicatos policiales como JUPOL alertan de que es “materialmente imposible” tramitar tal volumen de peticiones y advierten de la necesidad de un aumento drástico de medios para tramitar las peticiones, además de un “efecto llamada”. Augustine Ndour ha rebatido este último punto, asegurando que los migrantes ya están aquí y que la regularización les permitirá cotizar y aportar al bien común.
Octava Regularización en la Democracia Española
Esta es la octava regularización extraordinaria que se lleva a cabo en la democracia española, siendo la primera del actual Gobierno de Pedro Sánchez. La última, y más numerosa, tuvo lugar en 2005 bajo el mandato de Zapatero, afectando a casi 580.000 personas. La medida actual no solo busca resolver un limbo legal, sino que también reconoce una realidad demográfica y económica que ya es fundamental para el funcionamiento del país.
