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El Gobierno español inicia el proceso para estudiar el indulto al ex fiscal general García Ortiz
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el procedimiento para analizar las primeras solicitudes de indulto presentadas en favor del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La solicitud formal al Tribunal Supremo para que emita el informe preceptivo es el primer paso en la tramitación de esta medida de gracia.
Fuentes jurídicas indican que el envío del expediente al tribunal sentenciador se preveía para la semana pasada.
El papel del Tribunal Supremo y el Consejo de Ministros
Tras recibir la opinión de la Fiscalía, el Tribunal Supremo deberá determinar si existen elementos que justifiquen la concesión del indulto, una figura regulada por una ley de 1870 y contemplada en la Constitución. Cabe recordar que García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación por la filtración de información relativa a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en relación con una investigación por delitos fiscales.
No obstante, el informe del Supremo no es vinculante, ya que la decisión final recae en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Un informe desfavorable del Supremo impediría la concesión de un indulto total, que implica la remisión de todas las penas pendientes de cumplimiento. La ley establece que el indulto total solo se concede si el tribunal sentenciador emite un informe favorable.
Sin embargo, seguiría existiendo la posibilidad de un indulto parcial, que supondría el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas las que aún no se han cumplido. La legislación también contempla la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves como una forma de indulto parcial.
Tramitación del indulto
En caso de que el indulto sea favorable, deberá tramitarse mediante un real decreto firmado por el rey Felipe VI y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque la ley de 1870 exigía que el indulto se plasmara en un decreto “motivado”, la reforma de 1988 eliminó expresamente este requisito de justificación.
Apoyo al indulto
La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió Álvaro García Ortiz y que cuenta con representación en el Consejo Fiscal, ha manifestado públicamente su apoyo a una petición de indulto para el ex fiscal general. La asociación ha animado a la ciudadanía a respaldar esta iniciativa, compartiendo una campaña de recogida de firmas promovida por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) con el objetivo de que el Gobierno conceda la medida de gracia tras su condena.
