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Sánchez busca acuerdos tras el revés parlamentario a las medidas sociales
El gobierno de Pedro Sánchez enfrenta una situación compleja tras el rechazo en el Congreso de un decreto que incluía medidas sociales clave, como la subida de las pensiones y la prórroga del “escudo social”. La votación negativa contó con el apoyo de PP, Vox y Junts, lo que evidencia las dificultades del Ejecutivo para asegurar mayorías parlamentarias.
El Gobierno había intentado atraer el apoyo de Podemos mediante la regularización extraordinaria de migrantes y la delegación de competencias en materia de migración a Cataluña, una demanda de Carles Puigdemont. Sin embargo, Junts mantuvo su negativa, argumentando que la prohibición de desahuciar a personas vulnerables contenida en el decreto “impide actuar ante ocupaciones ilegales y falta de pago de alquileres”.
Ante este escenario, se abre una nueva fase de negociaciones para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas a partir de febrero. Fuentes gubernamentales aseguran que buscarán alternativas para lograr este objetivo.
El gobierno también destaca que en diciembre aprobó una línea de avales con 300 millones de euros para posibles impagos, respondiendo a otra exigencia de Junts. Además, se compromete a publicar próximamente las balanzas fiscales y a seguir trabajando por la oficialidad del catalán en la UE, a la espera de la aplicación de la amnistía.
No obstante, la portavoz de Junts reiteró su rechazo al decreto y exigió que se vote la subida de las pensiones por separado, sin vincularla a otras medidas. “Cataluña necesita el 100% de las competencias de inmigración”, afirmó Nogueras, subrayando la necesidad de que el PSOE se mueva para lograr acuerdos.
Negociación a tres bandas
Desde Junts señalan que corresponde a los socialistas volver a presentar la iniciativa en el Congreso y asegurar los apoyos necesarios. Si Podemos se suma al pacto, la tramitación podría agilizarse, como ocurrió con la ley de multirreincidencia.
Fuentes gubernamentales expresan optimismo sobre la posibilidad de que las medidas del escudo social obtengan el respaldo necesario, gracias a un acuerdo entre Podemos y Junts. “Es una manera de negociar a la que estamos acostumbrados”, señalan.
Tanto Irene Montero como Ione Belarra han mostrado disposición a dialogar sobre la delegación de competencias en materia de migración, aunque exigen eliminar elementos racistas del texto. Podemos niega que este acuerdo esté vinculado a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Próximos pasos
El gobierno no revela aún su estrategia para abordar la subida de las pensiones. Una opción sería votar esta medida por separado, como exigen PP y Junts, aunque esta alternativa no es la preferida por Moncloa. “Los pensionistas son importantes, pero el resto de cosas, también”, afirman fuentes gubernamentales.
La estrategia del Ejecutivo pasa por responsabilizar al PP de poner en riesgo las pensiones de millones de personas. “Otra vez el PP toma como rehenes a los jubilados de nuestro país”, criticó el presidente Sánchez.
El gobierno espera que PP y Junts reconsideren su postura y aprueben un paquete de medidas que se votó hace un año. “Son ellos los que tienen que explicar por qué lo rechazan ahora”, señalan fuentes gubernamentales.
El Gobierno reconoce la complejidad parlamentaria y la necesidad de negociar con todos los grupos. “El decreto no tiene nada en contra del PP, de su ideario ni del programa. Que lo vote”, instan desde el Ejecutivo.
