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Nuevas Imputaciones por Delitos Urbanísticos en el Caso del Vertedero de Zaldibar
La jueza de Durango, Laura Yuste, ha levantado el secreto de sumario en una investigación iniciada en 2024 sobre presuntos delitos urbanísticos relacionados con el derrumbe del vertedero de Zaldibar en 2020. Este colapso provocó un alud de 800.000 toneladas de residuos y la muerte de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, constituyendo la mayor catástrofe ambiental reciente en Euskadi.
Basándose en un informe de la Ertzaintza de 3.679 folios, la jueza ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar hasta 2018, Arantza Baigorri (EH Bildu), a los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y a la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia. También están siendo investigados los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del vertedero: el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao, y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, así como los técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.
El Derrumbe y las Investigaciones Posteriores
El derrumbe de Zaldibar ocurrió en febrero de 2020, justo antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Este suceso desencadenó dos causas judiciales. Una de ellas por delito contra los trabajadores, equivalente a un homicidio imprudente, en la cual Barinaga, Bilbao y Etxebarria admitieron negligencia en la gestión del vertedero. Para evitar la cárcel, indemnizaron a las familias de las víctimas con importantes sumas de dinero.
Además, en 2022 se abrió una investigación por los presuntos delitos medioambientales relacionados con el derrumbe. Fue durante la tramitación de esta causa, en 2023, cuando se detectaron indicios de irregularidades urbanísticas en Zaldibar relacionadas con el vertedero. Se aludió a un informe que indicaba que se había autorizado una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga, la ladera donde se asentaba el recinto, pero en realidad se utilizaron 65.000 metros cuadrados adicionales de manera irregular. En esta área se habrían acumulado residuos ilegalmente y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta.
Avance de la Investigación y Próximas Declaraciones
Las diligencias se iniciaron el 5 de febrero de 2024, cuatro años después del derrumbe. La Ertzaintza solicitó que las actuaciones se mantuvieran en secreto para asegurar el avance de la investigación. La jueza Yuste accedió inicialmente por un mes, pero el plazo resultó insuficiente debido a la complejidad del caso. El sumario contiene hasta diez autos que ampliaron el secreto, el cual no se levantó hasta 2025.
La unidad de delitos contra el medio ambiente de la Ertzaintza emitió un informe en junio de 2025, con hasta veinte “conclusiones” de hechos presuntamente relevantes desde el punto de vista penal. Este documento consta de casi 4.000 páginas. Esta misma unidad está investigando las posibles irregularidades en torno al derribo del palacete protegido Irurak Bat de Getxo, un caso en el que han sido imputados tres concejales del PNV.
Tras la incorporación del atestado al sumario en septiembre del año pasado, la Fiscalía presentó sus conclusiones en octubre. En un auto firmado en noviembre, la jueza ha citado a declarar a la exalcaldesa de EH Bildu, a los tres altos funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y al resto de los imputados los días 5, 6 y 7 de mayo de este año.
En el caso de Baigorri, su declaración está programada para el 5 de mayo. Baigorri llegó a la alcaldía en 2011, con la recién creada coalición Bildu, poniendo fin a ocho legislaturas consecutivas del PNV. Revalidó el cargo en 2015, ya como EH Bildu, pero lo dejó en 2018 por “motivos personales”.
Delitos Imputados y Posibles Consecuencias
La causa judicial se sigue por delitos previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal, relacionados con la prevaricación urbanística. En el caso de la exregidora, se le imputa el segundo artículo, que hace referencia a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes. Este delito puede conllevar inhabilitación, cárcel (hasta cuatro años) y sanciones económicas.
Sin embargo, se ha establecido que todas las posibles irregularidades previas a 2015 no serán castigadas, ya que se han dado por prescritas. La Ertzaintza ofrece “conclusiones provisionales” en su informe, pero la jueza da por imposibles de investigar quince de veinte apartados.
Búsqueda de Nulidad y Próximos Pasos
Los abogados de los imputados están buscando la nulidad de las actuaciones, alegando defectos procesales y el incumplimiento de plazos. La jueza responde que la identidad de los nuevos imputados se conoció tras recibir el atestado de la Policía judicial, por lo que los doce meses se empezarían a contar desde entonces. La última palabra la tendrá la Audiencia Provincial de Bizkaia, que deberá resolver los recursos de las defensas.
