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POSIBLE FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) ha iniciado una investigación sobre el Ayuntamiento de Tudela, liderado por el vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, ante la sospecha de que se hayan fraccionado tres contratos de asesoría jurídica para favorecer al despacho de abogados de un exdirectivo del mismo partido.
Denuncia y posible irregularidad
La denuncia, presentada por Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), alega que el Consistorio habría dividido los contratos para evitar superar el límite de 15.000 euros establecido en la ley foral de contratos públicos, que permite la adjudicación directa. Los contratos, relacionados con la oposición a la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Tudela (EDAR), fueron adjudicados al despacho Gallego Echarri San Miguel y Galar S.L.P. (Gesabogados), cuyo socio, Miguel Echarri Iribarren, fue miembro de la dirección de UPN.
Detalles de los contratos
Los contratos, adjudicados entre marzo de 2024 y junio de 2025, ascienden a 7.260 euros, 18.150 euros y 3.630 euros, respectivamente. Todos ellos están relacionados con labores de asesoría jurídica vinculadas a la ampliación de la depuradora. Un informe interno del Ayuntamiento advierte que se podría haber vulnerado la ley de contratos al adjudicar de forma sucesiva contratos por las mismas funciones al mismo beneficiario, superando el límite establecido.
Investigación en curso
Anticorrupción considera que existen “indicios razonables” de un posible fraccionamiento irregular y analizará si los contratos debieron adjudicarse en un único encargo, tramitándose por el procedimiento ordinario en lugar de como contratos independientes.
Respuesta del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Tudela ha presentado alegaciones a la Oficina Anticorrupción, argumentando que el contrato de 3.630 euros fue rechazado al considerar que el trabajo facturado estaba comprendido en los servicios jurídicos contratados en julio de 2024. No obstante, la OANA ha decidido continuar con la investigación para esclarecer si se cometieron irregularidades en materia de contratación pública.
