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70.000 familias vulnerables quedan desprotegidas ante el desahucio tras el fin del ‘escudo social’
La reciente decisión del Congreso de no prorrogar el llamado ‘escudo social’ ha dejado a miles de familias en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad ante el riesgo de desahucio. Se estima que entre 60.000 y 70.000 hogares que se beneficiaban de la moratoria antidesahucios se encuentran ahora en una situación precaria.
El testimonio de la incertidumbre
Iván, un residente de Barcelona de 68 años, describe el miedo y la angustia que siente ante la posibilidad de ser desalojado. “Vuelve ese miedo a cuándo te lo notificarán, la nueva fecha de lanzamiento, intentar pedir otra vez la suspensión”, explica. Su caso es un ejemplo de la difícil situación que enfrentan muchas familias que, tras la pandemia, veían en la moratoria una protección necesaria.
Un contexto de crisis habitacional
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que el Congreso ha decidido que “más de 60.000 familias sean expulsadas de sus casas sin una alternativa habitacional”. Esta decisión se produce en un momento de crisis habitacional sin precedentes, con precios de alquiler históricamente altos. La eliminación del ‘escudo social’ deja a estas familias sin la poca protección que existía.
¿Qué protegía el decreto?
El decreto que ha quedado sin efecto protegía a familias que no podían pagar el alquiler o que enfrentaban conflictos con sus caseros, siempre y cuando acreditaran su vulnerabilidad económica ante los servicios sociales y el juez. Iván logró acogerse a la moratoria en enero de 2025, tras años de incertidumbre.
El impacto de la moratoria
El Observatori DESC ya había estimado que la moratoria antidesahucios había evitado la expulsión de más de 58.000 familias. Este año, calcula que unas 70.000 familias se beneficiaban de esta medida. Según sus datos, la moratoria había logrado detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020.
Un mercado de la vivienda inasequible
Las familias que ahora enfrentan el riesgo de desahucio se encuentran con un mercado de la vivienda con precios desorbitados. En Barcelona, el precio medio de oferta se sitúa en 23,8 euros por metro cuadrado, lo que dificulta enormemente la búsqueda de una alternativa habitacional.
La obligación de las administraciones públicas
El texto de la moratoria antidesahucios establecía que las administraciones públicas debían adoptar medidas para satisfacer la necesidad habitacional de las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando su acceso a una vivienda digna. Sin embargo, un informe del Observatori DESC señala que en la mayoría de los casos, las entidades públicas ofrecían apoyo económico, pero solo en una minoría una alternativa habitacional.
Reacciones y protestas
Más de un centenar de organizaciones y entidades han convocado concentraciones para protestar por el rechazo a la prórroga del escudo social y reclamar soluciones reales para las familias afectadas. El Sindicato de Inquilinas denuncia que la derecha parlamentaria se ha posicionado del lado del rentismo, reforzando el negocio de la patronal inmobiliaria.
Un futuro incierto
La situación actual genera gran incertidumbre y ansiedad entre las familias afectadas. Iván, por ejemplo, acudirá a la manifestación en Barcelona con la esperanza de que el proceso no se reactive. “Hay mucho estrés. Intentas no tenerlo, pero el peso del posible desahucio ya está ahí”, concluye.
