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JUICIO POR ABUSO SEXUAL A MENOR ADOPTADA EN A CORUÑA
Este miércoles continúa en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra un hombre acusado de violar a su hija adoptiva durante varios años. La Fiscalía y la acusación particular solicitan una pena total de 17 años de prisión para el acusado.
Declaración de la Víctima
La joven declaró el martes ante el tribunal que los abusos ocurrieron durante aproximadamente dos años, con una frecuencia de “igual dos o tres por semana”. Afirmó que “no quería” tener relaciones con él y que se quedaba “como paralizada” durante los hechos.
Lugar y Cronología de los Hechos
Según el escrito de la Fiscalía, los abusos tuvieron lugar en los domicilios donde residían, tanto en el partido judicial de Lugo en 2017, como en el de Betanzos en 2020.
La víctima testificó que “no estaba cómoda, eso es evidente, pero nunca salió de mi boca nada”. Prestó declaración detrás de un biombo y acompañada por una trabajadora social.
Según su relato, “fue poco a poco.
Primero, tocamientos. Luego, penetración”. Añadió que “yo sabía que no quería seguir ahí, pero no tenía a nadie, él tenía toda mi vida controlada”. La joven explicó que sus padres estaban separados en el momento de los hechos y que su relación con su madre era “mínima”.
“Dejé a mi madre y a mi hermano por irme con él porque me decía que se quedaba solo y yo le quería, era mi figura, él era mi referente, solo lo tenía a él”, reiteró.
Sin embargo, también admitió que “a raíz de esto no sabía cómo llevarlo, bebía alcohol y fumaba cannabis porque prefería estar evadida”. Incluso, afirmó que “muchas veces consumía con él”.
La víctima describió su desesperación: “Yo estaba mal, no quería seguir así, o salía de ahí o me iba a morir, bien porque él se pasara y me agrediera o porque yo pudiera conseguirlo con un intento de suicidio, para mí era la única solución para que se acabara todo”.
Hizo referencia a múltiples episodios de autolesión y “sobreingestas” de medicamentos, así como a ingresos en centros de salud mental públicos y privados. Denunció que “cuando estaba ingresada me pedía vídeos y fotografías de carácter sexual y se dedicaba a comentarlos”.
“Podíamos tener actividades normales como padre e hija, situaciones cotidianas y llegar a casa y abusar de mí, tenía esas dos realidades”, explicó. Insistió en que ella “no quería una denuncia” contra su padre, “ni que él fuera a la cárcel”.
La joven expresó su deseo de que su padre “me pidiese perdón”.
Reconoció que “yo pensaba que era mi culpa, que había hecho algo mal y me lo merecía, me sentía culpable. Yo solo necesitaba para sentirme mejor que él admitiera que tenía conductas inapropiadas, que yo era una niña y no tenía culpa de nada”.
“Todas son vivencias mías, yo tomaba medicación, pero no alteraba mi realidad”, aseguró.
Testimonio de Profesionales de la Salud
Un psiquiatra que trató a la joven durante uno de sus ingresos debido a un “trastorno de estabilidad emocional de la personalidad” y a “comportamientos autolesivos y autodestructivos” corroboró su versión.
“En absoluto tiene una patología que le haga distorsionar la realidad o que merme sus capacidades volitivas”, expuso el profesional por videoconferencia durante el juicio.
También recalcó que la “conducta del padre resultó peculiar en las entrevistas, ambivalente, y muy inapropiado con algún facultativo”. “Cuando recomendaba ingresarla para tenerla protegida él se mostraba reacio”, detalló. En la misma línea, una de las psicólogas que trató a la menor apuntó que la joven “no tenía tendencia a la fabulación”.
Peticiones de la Fiscalía y la Acusación
La Fiscalía y la acusación particular solicitan para el encausado seis años de prisión y otras medidas por el primer delito continuado contra la libertad sexual.
También reclaman la prohibición de aproximación a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o de estudios a menos de 500 metros y comunicarse con ella durante un plazo de nueve años.
Por un segundo delito reclaman 11 años de cárcel; la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, durante un plazo de 12 años. Por ambos delitos, además, piden imponer al procesado la pena de ocho años de libertad vigilada, la cual se ejecutará después de la condena privativa de libertad.
Como responsable civil, solicitan una indemnización a la víctima en la cantidad de 30.000 euros, por los daños morales sufridos y la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por los gastos de atención psicológica privada en que hubiere incurrido.
La Defensa
En contraposición, la defensa del acusado solicita su libre absolución al alegar que los hechos no tuvieron lugar, según manifestó la letrada antes de la celebración de la vista.
