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Nuevas Investigaciones sobre Contratos Sanitarios a Dedo en Andalucía
El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla se enfrenta a nuevas investigaciones judiciales relacionadas con la contratación de servicios sanitarios a dedo. Mientras un juzgado en Sevilla archivó una causa por prevaricación en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), otros en Cádiz y Córdoba han abierto investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación con clínicas privadas entre 2020 y 2024.
Investigaciones Divergentes
Las tres investigaciones judiciales han tomado rumbos distintos. El juzgado de Cádiz, inicialmente enfocado en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores en 2021, ha abierto una “pieza separada” para examinar la misma querella que fue archivada en Sevilla. Esta acción judicial ha llevado a la imputación de dos altos cargos del SAS en Cádiz, quienes deberán declarar ante el juzgado el próximo 24 de marzo.
Por otro lado, el juzgado de Córdoba ha iniciado diligencias para investigar tanto el abuso de contratos menores como las prórrogas de contratos de emergencia hasta 2024, utilizando un Real Decreto derogado y contraviniendo las instrucciones de la Consejería de Hacienda.
Origen de las Investigaciones
Las investigaciones tienen su origen en informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía, que alertaron sobre “irregularidades” en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, realizados sin publicidad ni concurrencia competitiva.
Estrategia del PSOE
La conexión entre las investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, que ha logrado unificar sus denuncias en los tribunales de Cádiz y Córdoba. La querella criminal presentada por el PSOE se apoya en las denuncias de los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes sobre la contabilidad del SAS de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.
En los tres juzgados, el PSOE ha presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar varios delitos de corrupción, incluyendo prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.
Investigación en Cádiz
El juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y ha solicitado “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para analizar los expedientes de gasto bajo sospecha y elaborar informes sobre la justificación de los contratos, los precios autorizados por el SAS y el posible daño al erario público.
Comparación de Precios
El juzgado de Cádiz busca determinar si existió una justificación para la prestación de los servicios contratados y abonados, comparando los precios pagados por el SAS a la sanidad privada con los precios estipulados en contratos ordinarios y con los precios de servicios similares en otras comunidades autónomas.
Archivo de la Causa en Sevilla
El juzgado de Sevilla archivó la causa sin cotejar el desfase de precios, negando la posibilidad de perjuicio a la Administración por exceso de gasto o pérdida de fondos europeos.
El PSOE había cuantificado en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, representando el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023.
Defensa del Gobierno Andaluz
El Gobierno de Moreno ha defendido la legalidad de los contratos del SAS y ha destacado su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, tras las críticas a la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta anunció la cancelación de ese tipo de contratos.
Entre 2019 y 2025, el SAS realizó adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, utilizando contratos de emergencia, contratos menores y contratos negociados sin publicidad.
Críticas de los Interventores
Los interventores del SAS consideraron que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021, y menos en años posteriores. Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS.
Investigaciones en Curso
Otros dos juzgados continúan investigando la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, así como la posible malversación en la concesión de 235 millones de euros en contratos menores troceados en 2021 en Cádiz.
