La vivienda pública vuelve a situarse en el centro del debate político y social en Alicante. Y esta vez, rodeada de sospechas. 

La primera promoción de vivienda pública construida en la ciudad en los últimos veinte años, ubicada en La Condomina, en la Playa de San Juan, ha quedado bajo la lupa después de que se haya conocido que, presuntamente, entre los adjudicatarios figuran una concejala del Ayuntamiento, un arquitecto municipal del área de Urbanismo y los dos hijos de una alta cargo municipal.

Todo ello en un contexto de grave crisis habitacional, con precios de alquiler disparados y un acceso cada vez más complicado a la vivienda para miles de familias alicantinas.

Ante la publicación de estos hechos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha ordenado la apertura de un expediente de averiguación de hechos para esclarecer si, presuntamente, pudo producirse alguna irregularidad en el proceso de adjudicación, iniciado en 2018.

El alcalde ha asegurado que llegará “hasta el final” y que, ante la menor sospecha, el asunto será trasladado a la Fiscalía.

El expediente estará instruido por el secretario general del Ayuntamiento y requerirá información a las concejalías de Urbanismo, Patrimonio y Contratación, con el objetivo de conocer qué personal intervino en la tramitación del proceso.

La presunta polémica ha provocado una rápida reacción política. El grupo municipal socialista ha anunciado su intención de dar traslado de los hechos a la Fiscalía, mientras que Compromís ha solicitado a la Generalitat el listado completo de beneficiarios y reclama la creación de una comisión de investigación municipal.

Por su parte, Vox ha preguntado si el alcalde tiene intención de depurar responsabilidades políticas.

Mientras avanza la investigación interna, la adjudicación de estas viviendas públicas, concebidas para aliviar la falta de acceso a un bien básico, ha generado malestar y dudas entre la ciudadanía.

Porque cuando la vivienda social acaba, presuntamente, vinculada a cargos o personas del entorno institucional, la polémica deja de ser técnica y se convierte en un problema político y de confianza pública.