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Regularización de inmigrantes en España: Desmontando la desinformación
La reciente propuesta de regularización extraordinaria que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas ha generado reacciones encontradas. Si bien muchos celebran el reconocimiento de derechos para este colectivo, la discusión se ha visto empañada por desinformación y datos manipulados, especialmente provenientes de sectores políticos.
Desde acusaciones de estrategia electoralista hasta el recurrente “efecto llamada”, se utilizan cifras distorsionadas para generar alarma, abonando teorías racistas y cuestionando la integración de personas nacidas y criadas en España. Es crucial analizar objetivamente los argumentos esgrimidos contra la regularización.
¿”No es el momento” para regularizar?
Uno de los argumentos más repetidos es que, debido al aumento de la inmigración en los últimos años, no es el momento adecuado para una regularización. Sin embargo, expertos señalan que la necesidad de regularizar surge precisamente cuando la inmigración aumenta, especialmente en un contexto de crecimiento del mercado laboral.
Un ejemplo de esto fue el auge migratorio de la década de 2000, cuando un aumento sin precedentes de la población extranjera llevó a una situación en la que muchas personas vivían y trabajaban de forma clandestina. Esto motivó la regularización de 2005.
Actualmente, se observa un patrón similar, con inmigrantes, principalmente latinoamericanos, que ingresan legalmente con visados de turista y luego permanecen en situación irregular. Ante la acumulación de personas sin derechos reconocidos y la necesidad de mano de obra, la regularización se plantea como una solución tanto humanitaria como económica.
Nacionalización de descendientes de exiliados
Otro punto controvertido es la relación entre la regularización y la concesión de nacionalidad a descendientes de exiliados españoles a través de la Ley de Memoria Democrática. Se argumenta que esta última dificulta o desaconseja la regularización. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática busca reparar un derecho arrebatado a los hijos de quienes se vieron obligados a huir durante la Guerra Civil y el franquismo. No es una política migratoria, sino de reparación histórica.
Aunque se han presentado alrededor de dos millones de solicitudes, hasta septiembre del año pasado se habían concedido 237.145 nacionalidades. Es importante destacar que no todos los que solicitan la nacionalidad tienen la intención de emigrar a España. Muchos lo hacen por razones sentimentales o para facilitar trámites de viaje.
El fantasma del “efecto llamada”
Tanto el PP como Vox insisten en que la regularización provocará un “efecto llamada”, es decir, un aumento significativo de la inmigración irregular. Sin embargo, los expertos descartan esta posibilidad. Un estudio sobre la regularización de 2005 no encontró evidencia de cambios en los flujos migratorios tras la medida.
El contexto económico, más que las medidas políticas, suele ser el factor determinante en el aumento o la disminución de la inmigración. Tras la regularización de 2005, el número de nuevos cotizantes extranjeros se mantuvo estable hasta la crisis de 2008, cuando disminuyó, para luego recuperarse a partir de 2014.
Además, la mayoría de las personas que se beneficiarán de la regularización han llegado a España en avión, no a través de rutas irregulares. La regularización se impulsa en un momento en que las entradas irregulares han disminuido gracias al aumento del control fronterizo por parte de países como Mauritania y Marruecos.
Cumplimiento de la normativa europea
Se ha intentado presentar la regularización como un problema europeo, argumentando que contraviene el pacto de inmigración y asilo de la UE. Sin embargo, la Comisión Europea ha descartado que la iniciativa choque con la legislación europea o con el pacto migratorio, remarcando que la regularización de personas que ya se encuentran en un Estado miembro es competencia de ese Estado.
