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Investigaciones por muertes en residencias avanzan mientras Ayuso critica a familiares
Las investigaciones penales sobre las muertes de ancianos en residencias de Madrid durante la pandemia avanzan en los juzgados, mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, intensifica sus críticas contra las familias que impulsan las denuncias. Ex altos cargos sanitarios de su gobierno se culpan mutuamente por los protocolos que bloquearon el traslado de miles de internos a hospitales, mientras las acusaciones consideran solicitar más diligencias para que las causas lleguen a juicio. El gobierno madrileño califica a los denunciantes de “plataforma de frustrados” y recuerda que otras causas similares fueron archivadas.
Ayuso, durante un Consejo de Gobierno en San Sebastián de los Reyes, elevó el tono de sus críticas a las familias, refiriéndose a asociaciones como Marea de Residencias como “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”. Aunque la cifra de 143 causas archivadas es difícil de confirmar, diversos juzgados han archivado numerosas causas penales que investigaban los protocolos y su aplicación en casos de ancianos que no fueron trasladados a hospitales y fallecieron.
Algunos jueces criticaron los protocolos al archivar las diligencias, calificándolos de “discutibles”, y otros negaron que la propia Ayuso pudiera ser acusada. En esas causas no había altos cargos sanitarios imputados; geriatras, responsables de enlace entre residencias y hospitales, y médicos fueron investigados, mientras que los responsables de los protocolos comparecieron como testigos. Carlos Mur, director sociosanitario durante la pandemia, defendió su papel y los protocolos, afirmando que no eran “de obligado cumplimiento”. Sin embargo, decisiones judiciales recientes han cambiado el escenario, y tanto él como algunos de sus compañeros están ahora imputados.
Fuentes del caso indican que en los juzgados se ha reproducido la situación vista en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid de 2021: los ex altos cargos sanitarios se señalan entre ellos al explicar los puntos más polémicos de los protocolos, que según la acusación, discriminaron a los ancianos y bloquearon su traslado a hospitales desde residencias sin medicalizar.
Francisco Javier Martínez Peromingo apuntó a Mur y a sus superiores, afirmando que mostró su disconformidad con los protocolos, aunque no ha aportado pruebas escritas. Mur respondió mencionando a dos cargos políticos de Ayuso: Ana Dávila-Ponce de León y Enrique Ruiz Escudero, e intentó destacar su falta de intervención en los casos investigados.
De la frustración a los insultos
Las primeras causas judiciales buscaban establecer una conexión entre la aplicación de los protocolos y los fallecimientos en residencias. Delitos como homicidio imprudente requieren una conexión entre los protocolos y cada muerte, algo difícil de probar. Las nuevas causas investigan si los ancianos recibieron un trato discriminatorio.
Es entonces cuando los altos cargos imputados han comenzado a renegar de los protocolos y sus consecuencias en la no derivación de ancianos a hospitales saturados. Carlos Mur reconoció que las residencias no habían sido medicalizadas, y correos electrónicos demuestran que esa información estaba en poder de los cargos políticos de la Consejería que dirigía Ruiz Escudero, una semana después de anunciar la medicalización de las residencias.
El PSOE solicitó que Ana Dávila y Enrique Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas, dado que recibieron el email que advertía sobre la situación de los centros.
Las primeras causas judiciales por homicidio imprudente fueron archivadas, y los familiares renunciaron a seguir recurriendo. En estas nuevas diligencias, las acusaciones esperan examinar el material de la causa, comparar declaraciones y decidir si solicitan más pruebas para impulsar que las causas lleguen a juicio con ex altos cargos sanitarios de Ayuso en el banquillo.
La escalada verbal de la presidenta madrileña contra las familias coincide con el avance de estas investigaciones penales, en las que los responsables de los protocolos señalan a antiguos miembros de su gobierno. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur a sus superiores el 20 de marzo de 2020, ocho días después de que la Comunidad de Madrid anunciase una medicalización de las residencias que, según ha reconocido en sede judicial, no llegó a tiempo.
