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Concertación del Bachillerato en Aragón: Debate Abierto sobre Recursos Educativos
El anuncio del Gobierno de Aragón sobre la posible concertación del Bachillerato ha provocado un intenso debate sobre la asignación de recursos a la educación pública frente al fomento de la enseñanza concertada. Esta medida, inicialmente vinculada a la aprobación del presupuesto de 2026, buscaba implementarse el próximo curso en los centros educativos que lo solicitaran.
Detalles Financieros de la Propuesta
La Consejera de Educación, Teresa Hernández, estimó la cantidad asignada por módulo y curso académico en aproximadamente 126.000 euros. Según sus cálculos, 54 unidades en Aragón podrían acogerse a este concierto. El borrador de los presupuestos de 2026 preveía una inversión inicial de 3 millones de euros para el primer cuatrimestre, con una inversión anual total que alcanzaría los 7 millones de euros.
Objetivo de la Concertación
El Gobierno aragonés justifica esta medida basándose en el artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de enseñanza y el derecho de las familias a elegir el tipo de educación para sus hijos.
Se busca evitar que las limitaciones económicas influyan en esta decisión. Además, se facilitaría la continuidad educativa de los estudiantes en el mismo centro desde los 3 hasta los 18 años. Varias comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, ya han concertado el Bachillerato.
Reacciones Favorables a la Medida
Representantes de la enseñanza concertada han valorado positivamente la propuesta. Miguel Ángel Sarralde, presidente de FECAPARAGON, la considera una demanda histórica de las familias.
José Luis Sampériz, presidente de Escuelas Católicas, opina que contribuirá a garantizar la igualdad de oportunidades. José María Marín, de la Confederación Española de Centros de Enseñanza e Aragón, la califica de “importantísima”.
“Con esto lo que se logra es que alumnos que han entrado en un colegio a los 3 años no tengan que irse cuando tienen 16”, señaló Marín, destacando la importancia de la continuidad educativa y la igualdad de condiciones para las familias.
Críticas y Preocupaciones sobre la Financiación Pública
La plataforma en defensa de la Escuela Pública de Aragón, integrada por sindicatos, partidos políticos y la asociación de familias FAPAR, critica el desvío de fondos públicos a la educación privada, argumentando que la red pública enfrenta múltiples carencias. Denuncian que existen más de 2.300 plazas de Bachillerato sin ocupar en la red pública aragonesa, lo que hace “injustificable” la financiación de nuevas plazas concertadas.
FAPAR exige que se priorice la inversión en la educación pública para solucionar problemas como la falta de personal, la precariedad laboral y el deterioro de los centros.
Según sus datos, en la última década se han cerrado más de 200 aulas públicas en la comunidad, 53 de ellas en los dos últimos cursos.
El sindicato CGT ha estimado en 20 millones de euros el presupuesto destinado a estas políticas de concertación, y reclama que ese dinero se utilice para fortalecer la educación pública.
