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PP y Vox proponen ley para sancionar el uso de símbolos “partidistas” en edificios públicos
El Partido Popular (PP) y Vox han presentado en el Senado una propuesta de ley destinada a “proteger los símbolos oficiales”. Esta iniciativa ha generado controversia debido a que podría implicar sanciones administrativas, incluyendo el cese e inhabilitación, para funcionarios públicos que exhiban en sus despachos distintivos considerados “partidistas”. La ley no define explícitamente qué se considera como tal, pero una senadora del PP ha mencionado la bandera de Palestina como ejemplo.
El argumento del PP
Según María del Mar Blanco, senadora del PP, el objetivo de la ley es evitar que los edificios públicos se conviertan en “escaparates de ideologías”. La propuesta, registrada en 2023, había permanecido en espera hasta ahora. El PP ha retomado este texto, similar a otros presentados anteriormente, en un momento de alta tensión política con Vox.
La ley, que inicia su proceso parlamentario, contempla sanciones que podrían incluir la pérdida de indemnizaciones por cese de cargo y la prohibición de ser nombrado nuevamente para un cargo público durante un período de hasta cuatro años.
Blanco argumenta que el Gobierno actual “renuncia a defender el Estado” y permite que sus socios utilicen las instituciones para atacar los fundamentos de la convivencia. A pesar de que el Código Penal ya contempla delitos relacionados con el ultraje a la bandera, el himno o la imagen del rey, Blanco sostiene que permitir tales actos convierte al Gobierno en “cómplice”.
“Esta iniciativa no persigue ni censura a nadie”, ha afirmado María del Mar Blanco. Según la senadora, se trata de establecer límites basados en el respeto, la decencia y la neutralidad, ya que considera inaceptable que un cargo público ataque símbolos oficiales o humille a España desde un despacho oficial.
Imprecisiones y críticas
El texto de la ley no especifica qué se considera “simbología partidista”, dejando esta interpretación en manos de los jueces. Sin embargo, Blanco ha dado algunas pistas, mencionando la falta de la bandera española en muchos ayuntamientos de Cataluña y la exhibición de la ‘ikurriña’ en consistorios de Navarra. También ha criticado el “boicot a himnos en actos oficiales” y las “pitadas en la final de la Copa del Rey”.
La bandera palestina en el punto de mira
Blanco ha hecho varias referencias a la bandera de Palestina, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de mostrar “desprecio a la nación” al excluir la bandera española en un vídeo y aparecer “protegido por una inmensa bandera palestina”. También ha criticado al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por mostrar símbolos de apoyo a la causa palestina.
La senadora ha insistido en que un cargo público no debe actuar como un militante desde una institución, mezclando su despacho con pancartas y activismo, y ha defendido la necesidad de exhibir la bandera de España y la imagen del rey en los despachos oficiales.
Reacciones de otros partidos
La mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, han criticado la propuesta de ley. El PSOE ha acusado al PP de “buscar bronca” y “división”, y ha advertido de que la norma es inconstitucional. Juan Espadas, portavoz del PSOE, ha criticado que la ley obligue a los empleados públicos a denunciar y actuar para impedir su incumplimiento, abriendo la puerta a la delación anónima.
Desde Más Madrid, Carla Antonelli ha preguntado si la bandera LGTBIQ+ se vería afectada por esta norma, sin obtener respuesta del PP. Antonelli ha acusado al PP de actuar por venganza e ideología, recordando acciones anteriores del partido relacionadas con la simbología.
Los partidos nacionalistas también han criticado la propuesta. Estefanía Beltrán de Heredia (PNV) ha acusado al PP de “hacer un uso partidista” de las instituciones para generar conflicto, mientras que Francesc Ten (Junts) ha advertido de que esta estrategia beneficia a Vox.
Joan Queralt (ERC) ha calificado la norma de “inconstitucional” y “esotérica”, argumentando que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que en España no hay una Constitución militante.
