LA JUSTICIA ORDENA INVESTIGAR LA FILTRACIÓN POLICIAL DE DATOS DE JUECES FAVORABLES A LA CONSULTA CATALANA DE 2014

LA JUSTICIA ORDENA INVESTIGAR LA FILTRACIÓN POLICIAL DE DATOS DE JUECES FAVORABLES A LA CONSULTA CATALANA DE 2014
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LA JUSTICIA ORDENA INVESTIGAR LA FILTRACIÓN POLICIAL DE DATOS DE JUECES FAVORABLES A LA CONSULTA CATALANA DE 2014

Casi doce años después, un episodio de la Operación Catalunya volverá a ser investigado en los juzgados. La Audiencia de Madrid ha admitido el recurso de siete de los 33 magistrados catalanes que en 2014 firmaron un manifiesto a favor de una consulta soberanista y cuyos datos personales y fotografías fueron publicados en el diario *La Razón*. La Audiencia ha ordenado al juzgado seguir adelante con las pesquisas.

La Audiencia de Madrid ha reabierto la causa, rechazando que esté prescrita, y ha ordenado al juzgado seguir investigando. El tribunal basa su decisión en un audio aportado por los jueces, en el que el exjefe de la brigada política del PP, Eugenio Pino, se refiere a la filtración.

El tribunal considera que las “grabaciones de reuniones entre altos mandos de la Policía” relativas a la filtración son una base para identificar a la persona que filtró las fotografías de los DNI al diario *La Razón*.

Además de a Pino, la denuncia de los magistrados señalaba a otros tres exresponsables policiales identificados en el audio: el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exresponsable de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas y el entonces jefe de Información de la Policía en Catalunya, Pedro Esteban.

El caso de los jueces partidarios del derecho a decidir es una de las pocas maniobras de la brigada política del PP que ha terminado en condena. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no proteger la privacidad de los togados y no investigar debidamente la filtración de sus datos y fotos al diario *La Razón*.

Este caso es un ejemplo de cómo operaba la brigada política del PP: maniobras policiales, al margen de investigaciones judiciales pero amparadas desde la cúpula del Ministerio del Interior, eran publicadas en un periódico, en este caso *La Razón*, para desprestigiar a los 33 jueces favorables al derecho a decidir.

En febrero de 2014, 33 magistrados que ejercían en tribunales catalanes firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. En aquel momento, el Govern ya planeaba celebrar el proceso participativo conocido como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Quince días después de la publicación del manifiesto, el periódico *La Razón* publicó los nombres, fotos, tribunales donde trabajaban y, en algunos casos, las ideas políticas de los jueces firmantes, bajo el título “La conspiración de los 33 jueces soberanistas”.

Los jueces denunciaron que la publicación de sus fotos en *La Razón* fue el resultado de “investigaciones prospectivas sin control judicial” por parte del “grupo criminal” de la brigada política del PP.