De Marivent a los contratos millonarios: El caso Urdangarin y el dinero público

Diez años después del inicio del juicio del caso Nóos, las recientes entrevistas concedidas por Iñaki Urdangarin con motivo de la publicación de su libro “Todo lo vivido” han vuelto a poner en el centro de la atención pública el destino del dinero público procedente de las arcas de Baleares y la Comunidad Valenciana.

El inicio en Marivent

Todo comenzó en septiembre de 2003 en el palacio de Marivent, residencia veraniega de los reyes. Allí, Jaume Matas, entonces presidente del Govern balear, e Iñaki Urdangarin establecieron una relación que llevaría a uno de los mayores escándalos de corrupción y afectaría la imagen de la Casa Real.

Más de dos décadas después, las entrevistas de Urdangarin han resurgido interrogantes sobre cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si las administraciones han recuperado esas cantidades. Urdangarin sostiene que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúe.

El entramado Nóos

La estructura de Nóos surgió del caso Palma Arena, donde el juez José Castro investigó las obras faraónicas, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo auspiciados por Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). Matas acumularía una larga cadena de condenas firmes que sumarían más de ocho años de cárcel y medio siglo de inhabilitación.

La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada para captar dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, engrosó la pieza separada número 25 del caso Palma Arena. Las pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad por la organización de un foro sobre turismo y deporte destaparon irregularidades. La Comunidad Valenciana también se convirtió en escenario de los proyectos de Nóos, aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.

Las cantidades devueltas

Aunque las cifras millonarias vinculadas al caso alcanzaron rápidamente una gran magnitud, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento. El Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos al señalar que no se había producido la “correlativa contraprestación” por tales pagos. El Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico que, en conjunto, debían resarcir Urdangarin, Torres y la infanta Cristina.

La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L., y otras mercantiles creadas por Urdangarin y Torres para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Por estos hechos, ambos socios fueron condenados penal y económicamente, y la hermana de Felipe VI fue considerada partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.

Durante la fase de ejecución de la sentencia, la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera los 201.174 euros que los dos excónyuges habían pagado de más después de que el Supremo acotara de 852.287 a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado.

Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato

En Baleares, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.

El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Cuestionaron, sin embargo, la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos.

Comunidad Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena

En la Comunidad Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurso y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluyó que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Baleares.

Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no culminó, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.

En el archipiélago balear, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta.

En la Comunidad Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos. Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa.

La influencia de Urdangarin

Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis ‘Pepote’ Ballester, entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.

La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.

La sentencia marcó una frontera entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. El tribunal aseveró que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.