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Escándalo de Viviendas Públicas en Alicante: Dimisiones y Exigencias de Renuncia
El Ayuntamiento de Alicante se encuentra sumido en una crisis tras destaparse irregularidades en la adjudicación de 140 viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan. El alcalde, Luis Barcala (PP), ha ofrecido “disculpas” por el “escándalo”, pero la oposición, incluyendo Vox, que hasta hace poco apoyaba al gobierno municipal, exige su dimisión.
Dimisiones en Cadena y Apertura de Expedientes
La polémica ha provocado una cascada de dimisiones. A la reciente renuncia de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general municipal, María Pérez-Hickman (cuyos hijos y un sobrino obtuvieron una VPP), se suma ahora la del jefe de gabinete de la conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Miguel Ángel Sánchez. Además, el alcalde Barcala ha anunciado la apertura de expedientes a dos técnicos de Urbanismo y la revisión exhaustiva de las listas de beneficiarios para detectar posibles irregularidades.
Negación del Alcalde y Promesa de Investigación
Barcala asegura desconocer que su exconcejala se hubiera adjudicado una vivienda en Les Naus, así como la participación del resto de implicados.
Ha prometido que “quienes ilegítimamente hayan adquirido la vivienda, la pierdan”, utilizando el derecho de retracto por fraude de ley. El consistorio investiga la posible falsificación de documentos por parte de los adjudicatarios, analizando sus ingresos y situación patrimonial. No obstante, el ayuntamiento solo es responsable de la enajenación del suelo y la licencia de obra, mientras que la adjudicación corresponde a la cooperativa privada y la supervisión a la Generalitat.
Comisión de Investigación y Acusaciones de la Oposición
El pleno extraordinario, convocado para tratar el asunto, evidenció la tensión política. Todos los grupos municipales aprobaron la creación de una comisión de investigación.
La oposición, liderada por el PSOE, Compromís y EU-Podem, acusa al PP de “chanchullos” y exige una investigación a fondo. Se sospecha de información privilegiada, fraude fiscal y especulación con las viviendas. Los partidos de la oposición han denunciado que las viviendas se adquirieron con la intención de revenderlas, incluso con pagos en dinero negro.
Reacciones de la Oposición: Vergüenza y Exigencia de Expropiación
El portavoz de Compromís, Rafa Mas, expresó su “vergüenza” por lo ocurrido y exigió al alcalde que acuda a los juzgados para solicitar la expropiación forzosa de las viviendas obtenidas de forma irregular. Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, calificó el caso como la “aplicación consciente y voluntaria del modelo de vivienda del PP”, generando “vergüenza nacional”.
