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El Partido Popular denuncia la situación de los autónomos en Vila-real
El Partido Popular (PP) ha levantado la voz para denunciar la difícil situación que atraviesan los autónomos, tanto a nivel general como específicamente en Vila-real. Adrián Casabó, presidente del PP local, ha manifestado que este colectivo sufre un “doble castigo”, producto de las políticas del Gobierno central y de la gestión del Ayuntamiento.
Más de 3.000 autónomos afectados en Vila-real
La denuncia se produce tras la visita a la ciudad de Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, con el objetivo de contrastar las propuestas del partido con las vivencias de los autónomos locales.
En Vila-real, donde residen más de 3.000 autónomos, la situación se ve agravada por factores locales. Casabó denuncia que a la presión fiscal del Gobierno se suma una tasa de basuras municipal sin bonificaciones para actividades económicas y, principalmente, los constantes impagos por parte del Ayuntamiento.
Retrasos en los pagos municipales: un problema grave
El líder popular ha calificado como “muy grave” el incumplimiento de la ley de pagos por parte del consistorio.
Según Casabó, los autónomos tardan meses, e incluso más de un año en algunos casos, en cobrar sus facturas. Esta situación ha llevado a que algunos profesionales se nieguen a trabajar para la administración local, ante la imposibilidad de cobrar en tiempo y forma.
El PP propone un “contrato con los autónomos”
Ante este panorama, el Partido Popular ha presentado un “contrato con los autónomos” que se basa en cuatro pilares fundamentales:
- Menos impuestos y menos trabas: Eliminar las dificultades para emprender.
- Más facilidades para crecer: Promover la creación de nuevas actividades económicas.
- Protección y tranquilidad: Asegurar un entorno favorable para el desarrollo de sus negocios.
- Mayor confianza del Estado: Evitar la estigmatización y el cuestionamiento sistemático de su trabajo.
Casabó ha insistido en la necesidad de apoyar a un colectivo que considera la base del tejido productivo del país, evitando que se les catalogue como “presuntos delincuentes” simplemente por tener un negocio.
