El violento motín ocurrido este jueves en el centro de reforma de menores de Juslibol (Zaragoza), que se saldó con once detenidos y una veintena de heridos, ha destapado dos relatos completamente opuestos sobre su origen y las soluciones necesarias. Mientras el Gobierno de Aragón, a través de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, apunta a un altercado entre bandas latinas y exige una reforma urgente de la ley penal del menor, el sindicato CSIF desmiente esta hipótesis y pone el foco en la grave falta de personal y medios que sufren los trabajadores, quienes vivieron escenas de pánico.

La versión oficial del Ejecutivo autonómico sostiene que los hechos se desencadenaron por un enfrentamiento entre grupos organizados. “Parece que es un altercado entre bandas latinas. Hay muchos internos que pertenecen a bandas latinas, pero vamos a investigar exactamente por qué sucedieron esos hechos”, ha afirmado la consejera Carmen Susín.

Sin embargo, esta tesis es rebatida por los representantes de los trabajadores. Isabel Castro, responsable de seguridad privada de CSIF Aragón, asegura que los vigilantes no le han transmitido esa información. “A priori no me cuentan que fuera nada al respecto entre bandas latinas”, ha matizado, aunque reconoce que existen clanes por etnias y que “a veces la realidad supera la ficción”.

Según el relato de CSIF, el caos se inició durante el traslado de un interno que se puso “nervioso” y tuvo que ser reducido. En ese momento, otros jóvenes lograron abrir a patadas una puerta de exclusión que debía mantenerlos aislados, sumándose a la agresión.

La situación se descontroló hasta el punto de que consiguieron sustraerle la llave de otro módulo a un vigilante que estaba siendo agredido en el suelo para liberar a más internos, incluidos los del taller de peluquería, donde también fueron atacados los formadores.

Para el Gobierno de Aragón, el problema de fondo reside en la legislación actual. Susín ha sido tajante al calificar la ley penal del menor como una norma que “ya no sirve”. La consejera ha dibujado un panorama preocupante, con “menores muy violentos y muy agresivos que creen que son impunes ante absolutamente todo”. Según ha explicado, la ley no proporciona “herramientas ni a la policía, ni a jueces, ni a fiscales” para intervenir eficazmente, lo que provoca que los jóvenes conflictivos “piensan que esto les sale gratis”.

Por ello, ha exigido al Gobierno de España y a la ministra de Infancia que aborden “de forma urgente” su modificación en el Congreso.

Frente a las críticas de los sindicatos sobre los recursos, Susín ha negado que el problema sea económico. “No es una cuestión de medios. El nuevo contrato sale bien dotado”, ha defendido. En su lugar, ha señalado deficiencias en el “proyecto educativo y la organización interna” del centro, aspectos que, asegura, se abordarán en el nuevo pliego de condiciones tras las aportaciones de empresas interesadas en su gestión.

La consejera ha recordado que Juslibol es un centro de reforma con internos cumpliendo sentencias judiciales, algunos de ellos ya mayores de edad por delitos cometidos siendo menores.

La perspectiva de los trabajadores es radicalmente distinta y se centra en la precariedad y el peligro de su día a día. El sindicato CSIF lleva “mucho tiempo denunciando la indefensión de los trabajadores”. Isabel Castro describe un ambiente de temor constante: “Antes iban a trabajar contentos, pero ahora van muchas veces con el miedo en el cuerpo”, ha confesado. Esta sensación se agudizó durante el motín, donde se vivieron momentos de extrema violencia.

La central sindical ha condenado las agresiones y ha reclamado más medidas de seguridad de forma inmediata.

Los vigilantes se sienten desprotegidos. En el momento del altercado, solo había cinco vigilantes en la sección con los menores. Su equipamiento, denuncian, es insuficiente. “Solo llevamos chalecos antitrauma”, lamenta una trabajadora en una nota de CSIF, donde se añade: “Hemos pasado mucho miedo cuando he visto cómo pateaban a mi compañero y le daban patadas en la cabeza.

Los vigilantes nos jugamos la vida […] Hay porras guardadas en armarios, pero en situaciones como esta no da tiempo de ir a buscarlas”. Esta normativa responde a una recomendación del Defensor del Menor para no “coaccionar” a los internos.

A la falta de defensas se suman, según CSIF, graves deficiencias en la infraestructura, como “cámaras que no funcionan y walkies que funcionan regular”, una “plantilla envejecida” y una reestructuración de la seguridad estática que avanza con “lentitud”. Castro compara la situación con otros centros donde los vigilantes “no están directamente a cuerpo valiente con los menores” y cuentan con equipos de protección como cascos y escudos. Tras el motín, al menos cuatro vigilantes de seguridad tuvieron que ser atendidos en sus respectivas mutuas por las agresiones sufridas, uno de ellos con fuertes patadas en la cabeza que le provocaron un estado “errático” y le obligaron a volver a urgencias.