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¿Un año perdido para la protección del lobo en España?
El año 2025 ha sido un período de controversia y desafíos para la protección del lobo en España. A pesar de estar amparado por la Directiva Hábitats europea y la legislación nacional, la supervivencia de este depredador se ha visto comprometida por decisiones políticas y administrativas que han generado gran preocupación entre los conservacionistas.
Marco legal y contradicciones
El lobo está protegido en España en virtud de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Sin embargo, esta protección no ha impedido la muerte de cientos de ejemplares, como evidencia la autorización del Gobierno de Cantabria para eliminar 41 lobos.
Desde la aprobación del Real Decreto 139/2011, el lobo gozó de protección efectiva, primero en algunas regiones y luego, solo al sur del Duero. En 2021, gracias a la gestión de ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico), la protección se extendió a todas las poblaciones españolas.
Cambios normativos y su impacto
Modificaciones en el Convenio de Berna y en la Directiva Hábitats en 2025, a raíz de un incidente con un pony de Ursula von der Leyen, presidenta de la UE, no implican una reducción automática de la protección en cada Estado miembro. Sin embargo, en España, algunos partidos políticos, liderados por el PP, aprovecharon la tramitación de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario para introducir cambios que afectan negativamente al lobo.
Esta ley, aprobada el 1 de abril, incluye disposiciones adicionales que permiten justificar excepciones a la protección del lobo si se considera que tiene un alto impacto en el sistema productivo, establecen la modificación automática del Real Decreto de protección en caso de cambios en la Directiva Hábitats, y excluyen al lobo al norte del Duero de la protección conseguida.
Reacciones y recursos legales
Tras la aprobación de la Ley del Desperdicio, los gobiernos de Cantabria, Galicia y La Rioja abrieron la puerta a la caza de lobos, mientras que Asturias también autorizó la eliminación de un número significativo de ejemplares.
ASCEL solicitó al Gobierno, al Defensor del Pueblo y a la presidenta del PSOE que interpusieran un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Finalmente, el Defensor del Pueblo presentó el recurso, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en julio de 2025.
El Defensor del Pueblo considera que la ley no cumple con el mandato constitucional de cohonestar la actividad económica con la protección del medio ambiente y que la modificación del estatus del lobo debería realizarse mediante un procedimiento administrativo reglado, no a través de una ley.
El futuro incierto del lobo
A pesar de la admisión a trámite del recurso, las ejecuciones de lobos continúan. El Gobierno de España, al no haber presentado recurso, se prepara para defender la Ley del Desperdicio, alineándose con los gobiernos autonómicos que han autorizado las matanzas.
En 2026, ASCEL apela a la responsabilidad de los parlamentarios, gobernantes y tribunales españoles para que protejan este patrimonio natural. La asociación insiste en que la supuesta superpoblación de lobos es un argumento falaz y que los daños al ganado son consecuencia de una mala gestión ganadera.
La supervivencia del lobo ibérico en España sigue en juego, y su futuro depende de la seriedad y el compromiso de las instituciones y la sociedad en su conjunto.
