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Archivo de la Fiscalía Europea sobre contratos de emergencia tras la DANA de Mazón
La Fiscalía Europea ha archivado una denuncia relacionada con los contratos de emergencia adjudicados por el gobierno de Carlos Mazón tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó la Comunidad Valenciana. La decisión, formalizada en un decreto fechado el 5 de febrero, se basa en la ausencia de “indicios de haberse perpetrado la comisión de las infracciones denunciadas”, refiriéndose a presuntos delitos de fraude en adjudicaciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE).
El organismo europeo encargado de combatir delitos contra los intereses financieros de la UE, señaló que la denuncia era “redactada en términos muy generales” y se limitaba a reproducir información aparecida en medios de comunicación sobre las adjudicaciones, muchas de las cuales beneficiaron a empresas vinculadas a tramas de corrupción.
La denunciante, según el decreto, “no pudo aportar detalles concretos sobre los hechos” y se limitó a expresar que veía “indicios de malversación de fondos”. También alegó la existencia de “indicios razonables” de que varias empresas adjudicatarias, relacionadas con casos de corrupción como Gurtel, Taula y Azud, “recibieron contratos millonarios mediante procedimientos de emergencia, sin licitación pública ni supervisión suficiente”.
La fiscal a cargo del caso subraya que un contrato de emergencia, “por su propia naturaleza excluye la concurrencia en el procedimiento de licitación”.
Investigación de la UDEF
Adicionalmente a la declaración de la denunciante, la Fiscalía Europea solicitó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigara los hechos para verificar la “información recibida”. Sin embargo, tras analizar los informes de la UDEF y la documentación aportada en la denuncia, la fiscal decidió no iniciar una investigación formal.
“Los hechos denunciados no aparecen indiciariamente acreditados más allá de la mera afirmación genérica de su existencia”, indica el decreto. La fiscal también determinó que no procede la adopción de medidas de protección a favor de la denunciante y puso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción española el contenido de la resolución.
