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El absentismo laboral impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi
El absentismo laboral se ha convertido en un problema significativo en el País Vasco, generando costes directos que superan los 5.000 millones de euros anuales y un promedio de 25 días de ausencia por empleado. Ante esta situación, las empresas, incluyendo las pymes, están recurriendo cada vez más a detectives privados para verificar la autenticidad de las bajas laborales y combatir posibles fraudes.
Arantza Busto, detective en el País Vasco, destaca que esta práctica ya no se limita a las grandes corporaciones, sino que se ha extendido a empresas de todos los tamaños que buscan protegerse de las pérdidas económicas causadas por las bajas fraudulentas.
La empresa Mercedes en Vitoria es un ejemplo de esta tendencia.
La ley ampara la actuación de los detectives, ya que el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de las empresas a realizar labores de vigilancia y control. El proceso generalmente comienza con la firma de un contrato y una investigación preliminar para conocer los hábitos del empleado, seguida de vigilancias y seguimientos para documentar su actividad durante el período de baja.
Es fundamental que el trabajo de los detectives respete los derechos fundamentales de la persona, como la intimidad y el honor. Pueden realizar grabaciones en espacios públicos, pero no instalar cámaras en domicilios.
Sin embargo, sí está permitido grabar desde la calle si no existe una “expectativa de privacidad”, como en el caso de una persona que se asoma a una terraza. Para que un informe sea válido en un juicio, debe cumplir con la legalidad vigente.
Según Busto, los casos relacionados con el absentismo laboral representan una parte significativa de su trabajo, alcanzando un 90% en la actualidad.
Esta tendencia ha ido en aumento desde la pandemia. Aunque no todas las bajas son fraudulentas, las empresas actúan ante sospechas fundadas.
Además del ámbito laboral, los detectives también se dedican a casos de familia, como disputas por la custodia de menores o el impago de pensiones.
Los casos de infidelidad, en cambio, son menos frecuentes.
