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La crisis de vivienda en las Islas Canarias ha dado lugar a un nuevo y polémico mercado: la compraventa de pisos ocupados. Ante la sensación de indefensión y la lentitud de los procesos judiciales, un número creciente de propietarios prefiere vender sus inmuebles a precios muy inferiores a su valor real. Empresas especializadas e inversores están aprovechando esta situación para obtener grandes beneficios.

Un negocio impulsado por la indefensión

Según Samuel Romero, gerente de Pisokupado, una empresa que opera a nivel nacional, la desesperación es el principal motivo que impulsa a los propietarios a vender. La legislación actual hace que, en muchos casos, sea más fácil vender la vivienda en el estado en que se encuentra que afrontar todo el proceso legal para desalojar a los ocupantes.

¿Cómo funciona el negocio?

El modelo de negocio es simple: se adquiere una propiedad ocupada con un importante descuento y, posteriormente, se gestiona la salida del ocupante para volver a ponerla en el mercado.

Los compradores suelen ser inversores con la capacidad económica para asumir los costes legales y la espera, que puede durar meses, con la esperanza de obtener un buen retorno de la inversión.

Descuentos de hasta el 50%

La clave de la rentabilidad está en el precio de compra. La presencia de okupas devalúa drásticamente el inmueble, una circunstancia que los inversores aprovechan. Romero explica que la rebaja media se sitúa en torno al 50% del valor de mercado. Así, un piso valorado en 200.000 euros podría venderse por tan solo 100.000 euros.

Muchos propietarios están dispuestos a asumir esta pérdida con tal de deshacerse del problema.

Más demanda, más okupación, más negocio

Si bien la okupación es un problema extendido en todo el país, las zonas con mayor demanda de vivienda, como las grandes ciudades y los archipiélagos, son las más afectadas. Romero señala que cuanto mayor es la demanda, mayor es la okupación y, por lo tanto, mayor es el negocio. Su empresa gestiona propiedades en todas las islas, con datos especialmente llamativos en La Palma, donde se estima que hay alrededor de 200 viviendas ocupadas. A nivel nacional, Pisokupado gestiona una cartera de unas 6.000 propiedades.

El perfil del ocupante

Romero aclara que los casos de “inquiocupas” (inquilinos que dejan de pagar) no son los más habituales.

Distingue entre quienes ocupan con conocimiento de causa y las personas que se ven obligadas a hacerlo por la precariedad. Con este último perfil, asegura, es más fácil llegar a un acuerdo para que abandonen la vivienda, ofreciéndoles alternativas habitacionales o ayuda para que puedan vivir dignamente.