El Congreso niega la indemnización a Ábalos por cese al estar suspendido y ser incompatible con su jubilación
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El Congreso de los Diputados denegará la solicitud de indemnización por cese presentada por el exministro José Luis Ábalos tras su renuncia al escaño. La decisión se basa en que, al momento de solicitarla, Ábalos se encontraba suspendido de sus derechos parlamentarios y, además, la indemnización sería incompatible con la pensión de jubilación a la que el exdirigente socialista planea acogerse.
Tras su renuncia al escaño, confirmada por el Tribunal Supremo debido a su situación de prisión provisional en el marco del ‘caso Koldo’, Ábalos manifestó su intención de jubilarse, alegando haber sido despojado de sus derechos y privado de ingresos y protección social.
Los diputados que cesan en sus funciones tienen derecho a una indemnización, similar a una prestación por desempleo, siempre que no perciban otros ingresos públicos o privados. El monto equivale a una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario. En el caso de Ábalos, diputado ininterrumpidamente desde abril de 2009, la indemnización podría haber superado los 57.200 euros.
La suspensión implica la pérdida de derechos
Sin embargo, existían dudas sobre la elegibilidad de Ábalos para recibir la indemnización, dado que en noviembre pasado, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa del Congreso lo suspendió de sus derechos, dejándolo sin sueldo y sin la posibilidad de votar.
Un informe de los letrados del Congreso concluye que no procede conceder la indemnización, ya que Ábalos estaba suspendido de sus derechos al momento de solicitarla. El informe subraya que la suspensión abarca la totalidad de los derechos inherentes a la condición de diputado y que no es “razonable” entender que la pérdida del escaño implica la recuperación de derechos previamente suspendidos.
Asimismo, los servicios jurídicos enfatizan que el objetivo de la indemnización por cese es mitigar las dificultades que puede enfrentar un parlamentario al reincorporarse a su actividad profesional, lo que la hace incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, incluyendo la pensión de jubilación.
La indemnización se abona mensualmente y se suspende al recibir el beneficiario otros ingresos, sean públicos o privados. “Ambas retribuciones (indemnización y pensión) son incompatibles y su combinación, contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias”, recalca el informe.
La Mesa del Congreso formalizará la decisión de rechazar la petición de Ábalos, quien será reemplazado esta semana por el siguiente candidato en la lista del PSOE por la provincia de Valencia en las elecciones de 2023.
Santos Cerdán, el último en recibir la prestación
El último diputado en cobrar la indemnización por cese fue Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, quien dejó su escaño en junio, semanas antes de ingresar en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión de obra pública, caso en el que también se investiga a Ábalos.
El Partido Popular intentó impedir que Cerdán percibiera la indemnización, alegando que había ocultado al Congreso su posesión del 45% de la empresa Servinabar desde 2016. No obstante, el PSOE y Sumar se basaron en un informe de los letrados para concederle la indemnización.
Los servicios jurídicos del Congreso concluyeron que Cerdán había generado el derecho a percibir casi 19.000 euros por el período en que fue diputado. Cerdán cobró la indemnización durante seis meses, hasta diciembre pasado.
La diferencia clave con el caso de Ábalos radica en que Cerdán mantenía intactos sus derechos como diputado al abandonar el Congreso, ya que renunció a su acta antes de ingresar en la prisión de Soto del Real, de la que salió en noviembre.
