
TENSIÓN EN EL CONSERVATORIO DE SEGOVIA: DENUNCIAS DE ACOSO Y FALTA DE PROTECCIÓN
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El Conservatorio de Segovia se encuentra inmerso en una profunda crisis de convivencia que se arrastra desde hace años. Profesores denuncian imposiciones por parte de la dirección del centro y critican la inacción de la Inspección Educativa y la Junta de Castilla y León. Varios procesos judiciales están en marcha, incluyendo uno que ya ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, condenando a la Dirección Provincial de Educación y al Conservatorio por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral.
Denuncias de Acoso y Ambientes Laborales Tóxicos
Otros profesores, que prefieren permanecer en el anonimato, relatan situaciones similares de “formas autoritarias y nula capacidad de diálogo”. Afirman que se han visto obligados a abandonar el centro, tomar bajas por salud mental o jubilarse anticipadamente. Desmienten la versión de que existen “dos bandos” de profesores y aseguran que se trata de una lucha por la supervivencia ante situaciones de acoso.
“La gente se quiere ir”, afirma un profesor, señalando traslados y bajas laborales por problemas psicológicos. Otra docente denuncia que “no nos dejan trabajar” y que la inestabilidad afecta al alumnado.
Una profesora ejemplifica las prácticas del Conservatorio relatando que le propusieron impartir una clase, pero que otro docente pusiera las notas.
La Visión de los Padres
Un representante del Consejo Escolar de Padres y Madres de Alumnos, Jorge Albillo, reconoce que ha habido momentos de “mucha tensión” en algunas reuniones, aunque asegura que la situación ha mejorado desde 2024.
Según Albillo, “hay un grupo minoritario que hace mucho ruido, alguno con mucha inquina”. Pide que las discrepancias se resuelvan en los juzgados y afirma que, aunque los alumnos no viven directamente estas situaciones, “puntualmente se ha perjudicado a algún alumno”.
Escritos al Procurador del Común desde 2016
Los problemas se remontan a años atrás. El director actual asumió el cargo en 2016 y ha ganado los procesos electorales en 2020 y 2024. En 2018, tras un escrito de seis empleados que “denigraba al equipo directivo”, la Dirección del Conservatorio decidió “mantener conversaciones con todos los trabajadores para conocer sus inquietudes”.
El equipo directivo concluyó que algunos compañeros se dedicaban a “desprestigiar el estado de gestión y convivencia del centro” y a “menoscabar el honor personal y laboral” de sus miembros, difundiendo rumores falsos y descalificaciones personales.
En 2024, una veintena de trabajadores envió quejas al Procurador del Común por supuestas irregularidades en el proceso de selección del director. El Procurador defendió que la normativa autonómica podría ser “más exigente” para evitar futuros conflictos de intereses.
La Junta de Castilla y León y la Dirección del Conservatorio han declinado hacer valoraciones o comentarios para este artículo. En ocasiones anteriores, reconocieron que había un “conflicto laboral y elevados riesgos psicosociales” en el centro y no descartaban ejercer acciones penales ante las “denuncias falsas” que dicen sufrir por parte de “un grupo anónimo de profesores”.
Denuncian la Falta de Diligencia de la Junta de Castilla y León
Otro profesor contactado denuncia que ha presentado múltiples escritos ante Inspección, pero que “casi nunca” resuelven a su favor, con “falta de investigación y diligencia”. Afirma sentirse “totalmente atropellado” y critica que se le haya abierto un expediente disciplinario sin haber sido informado adecuadamente.
“La Inspección educativa siempre ha mirado a otro lado, no ha tomado cartas en el asunto”, protesta otro docente, denunciando la exclusión de algunos profesores de canales de información y el cambio de contraseñas para impedir el acceso a sus perfiles.
Otro trabajador se vio obligado a jubilarse debido a una situación “insostenible” que afectaba a su salud mental y a la de su familia. Asegura que se intenta presentar la situación como una lucha entre dos bandos, cuando en realidad se trata de la imposición de prácticas ilegales por parte del director.
Estos empleados denuncian una gestión “sin la más mínima capacidad de diálogo” y un “trato despectivo” constante, con descalificaciones personales y profesionales hacia algunos docentes. Critican la falta de apoyo por parte de Inspección y la Dirección Provincial, y reprochan que no se haya abierto ningún expediente informativo a ningún miembro del equipo directivo.
El grupo de profesores denuncia que la Dirección Provincial ha tomado partido por el equipo directivo a pesar de las reiteradas peticiones de una evaluación psicológica de riesgos psicosociales. Aunque se realizó una evaluación el curso pasado, no han tenido acceso a ella.
La sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, reconoce la existencia de “un conflicto vivo y manifiesto en el centro educativo” y obliga a la Administración a tomar medidas para resolverlo.













