CONTROVERSIA EN EL GOBIERNO VASCO: CONDENADO POR CORRUPCIÓN GESTIONA MILLONARIAS AYUDAS PÚBLICAS
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Alfonso Arriola, actualmente cumpliendo una condena por corrupción hasta marzo de 2027, está a cargo de la gestión de seis programas de ayudas del Gobierno Vasco, que suman un presupuesto de aproximadamente 19 millones de euros para este año.
El ‘Caso De Miguel’ y la Condena de Arriola
Arriola fue condenado por prevaricación en el marco del ‘caso De Miguel’, un escándalo de corrupción donde se le acusó de facilitar la manipulación de contratos y la recaudación de comisiones desde su posición en el parque tecnológico de Miñano, una sociedad pública autonómica.
Funciones Actuales y Programas a su Cargo
Como funcionario adscrito al Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Arriola preside varias comisiones de valoración de subvenciones. Específicamente, lidera los programas Lehiatu Inversión (13 millones de euros), ISV Inversión (3,4 millones), Handitu Innova (1,5 millones), Kooperatu (1 millón) y Gastrobikain (0,75 millones en la anterior convocatoria). También continúa al frente de Handitu Egurra, aunque no se prevén convocatorias para este programa en 2026.
Además, Arriola es presidente suplente de otras tres mesas, incluyendo los planes Lehiatu Promoción y Onekin, así como las ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera.
Debate Político y Justificación del Gobierno Vasco
La situación de Arriola ha generado controversia política. Mientras que la consejera Amaia Barredo ha defendido que Arriola no merece una “cadena perpetua”, otros miembros del PNV han expresado su desacuerdo con que una persona condenada por corrupción gestione ayudas públicas. El propio lehendakari, Imanol Pradales, reconoció que no era una situación “edificante”.
El equipo de Barredo argumenta que la inhabilitación de Arriola se aplica exclusivamente a cargos en sociedades participadas por capital público, pero no a su condición de funcionario de carrera en la Administración general de la comunidad autónoma. Afirman que Arriola ha accedido a su puesto a través de un “proceso abierto” y que su función no tiene “carácter político”. Además, señalan que las ayudas son concedidas por una “comisión” regulada por normativas específicas.
