Koldo García impugna la competencia del Supremo tras la renuncia de Ábalos
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Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, busca evitar ser juzgado por el Tribunal Supremo en el caso de la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Su defensa ha impugnado la competencia del alto tribunal tras la renuncia al escaño de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo jefe de García.
La abogada de García argumenta que, al no ostentar Ábalos cargo público, el caso debe ser remitido a un juez ordinario para garantizar la igualdad de trato ante la ley. Solicita que el Tribunal Supremo resuelva esta “cuestión de no competencia” antes de la audiencia preliminar del caso, programada para el 12 de febrero.
Tanto Koldo García como José Luis Ábalos se encuentran en prisión provisional desde el 27 de noviembre.
Argumentos de la defensa
El Tribunal Supremo asumió la investigación a Ábalos en noviembre de 2024 debido a su condición de aforado como diputado en el Congreso. Posteriormente, en diciembre, extendió la causa a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, al considerar su participación “inescindible” de la del aforado. Ambos ya estaban siendo investigados por la Audiencia Nacional.
La defensa de Koldo García alega que la competencia del Supremo se basaba “exclusivamente” en el aforamiento de Ábalos, y que, tras su renuncia al escaño el 28 de enero, el alto tribunal ya no tiene justificación para juzgar el caso.
El precedente de 2014
La defensa reconoce que el Pleno de la Sala Segunda del Supremo estableció en 2014 que, una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, la competencia se mantiene aunque se pierda el aforamiento. Sin embargo, argumenta que este acuerdo no es vinculante y que las circunstancias del caso actual exigen una decisión diferente.
Según la defensa de García, juzgar el caso en el Supremo “convertiría el proceso en un ‘juicio de excepción’ de facto para los investigados en la Audiencia Nacional”. Además, alega indefensión de su cliente al no tener acceso a las pruebas incautadas durante su detención.
La abogada de García plantea que el Supremo tomaría una decisión sobre pruebas que no están en su poder, sino en manos de la Guardia Civil, y que su cliente se sentaría en el banquillo sin tener copia de los dispositivos incautados en febrero de 2024. Este hecho será uno de los argumentos para solicitar la nulidad de la causa en la vista del próximo jueves.
