Ojeador de Osasuna, acusado de abusos sexuales a menores, enfrenta juicio y posible condena
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Comenzó el juicio contra un ex entrenador de fútbol, también ojeador del Club Atlético Osasuna, acusado de delitos contra la libertad sexual de ocho menores de edad en el ámbito deportivo. La Fiscalía solicita una pena de 47 años de prisión por 14 presuntos delitos que incluyen abuso sexual, acoso sexual, revelación de secretos, pornografía infantil y posesión de material pornográfico infantil.
Específicamente, el acusado enfrenta cargos por tres presuntos delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años, tres presuntos delitos de abuso sexual a menores de 16 años, tres presuntos delitos de acoso sexual a menores de 16 años, dos presuntos delitos de revelación de secretos, dos presuntos delitos de pornografía infantil y un presunto delito de tenencia de material pornográfico.
Testimonios policiales revelan el ‘modus operandi’
Durante la primera jornada del juicio, una inspectora de la Policía Nacional declaró que el acusado “siempre repetía el mismo ‘modus operandi’”. Según su testimonio, el acusado utilizaba frases similares para dirigirse a los menores, a quienes les pedía borrar las conversaciones y no contar nada a sus padres. Además, les aseguraba que “si confiaban en él en el ámbito privado, luego confiaría él en el campo”, ofreciéndoles incluso contratos con el Osasuna. “Ir al Osasuna para un menor de 15 años era muy importante”, señaló la inspectora.
Otros agentes que participaron en la investigación corroboraron este testimonio, explicando que el acusado se acercaba a los menores a través de redes sociales, ganándose su confianza y atención para luego pedirles que borraran los mensajes por ser “comprometidos”. Uno de los agentes afirmó que el acusado utilizaba el mundo del fútbol, valiéndose de su posición como ojeador del Osasuna, para conseguir encuentros con los menores.
La instructora de la Policía Nacional también testificó, considerando que los mensajes enviados por el acusado a los menores, dada la diferencia de edad y el contenido de las conversaciones, “no eran de broma”.
La defensa cuestiona la evidencia clave
La defensa del acusado ha sugerido que el teléfono móvil, donde se basa la acusación, podría haber sido “manipulado” o “clonado”, solicitando al juez que se admita un informe pericial al respecto. Sin embargo, la Policía Nacional explicó el proceso de detención e incautación del móvil, asegurando que se realizó en la carretera, en un momento seguro, y que el dispositivo fue custodiado bajo llave hasta su envío para investigación. Según la policía, el detenido no opuso resistencia al entregar el móvil.
El análisis del móvil permitió identificar a las víctimas, quienes posteriormente fueron llamadas a declarar en comisaría, donde señalaron a otros posibles perjudicados.
Osasuna, responsable subsidiario
La Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, multas por valor de 14.600 euros y 49.000 euros en concepto de indemnización por daños morales a los menores. El Club Atlético Osasuna responderá de manera subsidiaria por esta cantidad, ya que el acusado trabajaba para el club como ojeador.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron entre 2020 y 2022, cuando el acusado era entrenador de fútbol. Aprovechándose de su posición de autoridad y la confianza generada en los menores y sus familias, habría desarrollado una conducta delictiva continuada de carácter sexual, manteniendo conversaciones de contenido sexual a través de WhatsApp, solicitando imágenes íntimas y pidiendo que se mantuvieran en secreto. En algunos casos, se produjeron encuentros a solas con tocamientos de naturaleza sexual.
La investigación también reveló la existencia de una gran cantidad de material de contenido sexual protagonizado por menores de edad en los dispositivos electrónicos del acusado.
Al menos ocho víctimas identificadas
El Ministerio Fiscal considera que estas conductas afectaron al menos a ocho menores y constituyen delitos contra la libertad sexual, con la agravante de abuso de confianza. Además de las penas de prisión, multas y responsabilidad civil, se solicita libertad vigilada, órdenes de alejamiento de las víctimas y la inhabilitación para ejercer cualquier actividad profesional que implique contacto con menores.
El juicio, que se espera dure dos días, se está desarrollando con medidas de protección para las víctimas, con el objetivo de preservar su intimidad y garantizar su seguridad y tranquilidad durante las declaraciones.
