Nuevos Datos Complican el Caso de las Viviendas Protegidas en Alicante
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El Ayuntamiento de Alicante ha detectado más casos de funcionarios municipales o familiares directos que podrían haberse beneficiado de la adjudicación de viviendas protegidas en una polémica promoción. La Conselleria de Vivienda está analizando esta nueva información para determinar si se han cometido irregularidades.
Andrés Villar, portavoz municipal, informó que el cruce de datos entre adjudicatarios y la plantilla de funcionarios reveló coincidencias en “apellidos muy comunes”. Estos resultados han sido remitidos a la Conselleria de Vivienda para su verificación.
La Conselleria, dirigida por la vicepresidenta Susana Camarero, está revisando si alguno de los 140 adjudicatarios ha incurrido en irregularidades o manipulación de documentos para acceder a las viviendas.
Dimisiones y Suspensión por el Escándalo
El caso ya ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, así como la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario de la dirección territorial de Alicante.
Además, Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, también dimitió tras conocerse que la madre de sus hijas es propietaria de una de las viviendas protegidas.
Informe Municipal Previo Alertó Sobre Posibles Irregularidades
Un informe elaborado por el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante ya había alertado al alcalde, Luis Barcala, sobre la posible adjudicación de viviendas protegidas a personal municipal involucrado en la gestión del contrato.
Este informe forma parte de la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía Provincial de Alicante para que se investigue si el proceso de adjudicación ha sido constitutivo de infracción penal.
Posibles Conflictos de Interés y Omisión de Información
El informe de Patrimonio también señaló un posible incumplimiento de las condiciones legales de acceso a las viviendas protegidas, ya sea por no cumplirlas directamente o por haber omitido información relevante al declararlas. Se considera que la condición, nivel y categoría de algunos adquirentes harían previsiblemente imposible la compatibilidad con los requisitos de capacidad económica exigibles.
