FISCALÍA PIDE ANULAR REGISTRO DE SIDENOR Y LA CAUSA POR GENOCIDIO
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La Fiscalía ha solicitado la anulación del registro de las instalaciones de Sidenor en Basauri, así como de la causa abierta por presunto genocidio contra José Antonio Jainaga, ex director general de la compañía. La petición se basa en la consideración de que el juez Luis Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, está actuando “sin apoyatura legal”.
Orden de registro y recurso de la Fiscalía
El magistrado De Jorge ordenó el lunes la entrada y registro en la sede central de Sidenor, en el marco de una investigación por presunto contrabando con Israel y posible colaboración en un delito de genocidio contra el pueblo palestino. El objetivo era recabar documentación relativa a operaciones realizadas desde Londres. La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) participaron en el operativo, que se extendió por más de doce horas.
Sin embargo, poco después de iniciarse el registro, la Fiscalía presentó un recurso solicitando la nulidad de las actuaciones, al considerar que carecen de fundamento legal.
Origen de la investigación
La investigación se inició en julio de 2025, tras una denuncia de la Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa sobre un buque atracado en el puerto de Barcelona, el ZIM Luanda, que transportaba envíos periódicos de acero desde Basauri a la empresa armamentística israelí IMI (Israel Military Systems). La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, solicitó que se revisara la mercancía.
Inicialmente, la querella tipificaba los hechos como presunto contrabando.
Acusaciones de complicidad en genocidio
En octubre se levantó el secreto de sumario, mencionándose por primera vez “una eventual responsabilidad penal en calidad de cómplice en los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad” por parte de los representantes de Sidenor, encabezados por José Antonio Jainaga. Este último, en 2025, recibió el premio Korta como empresario vasco del año de manos del lehendakari, Imanol Pradales. Tanto Jainaga como otros dos directivos declararon ante el juez en noviembre, negando cualquier irregularidad y asegurando que las ventas a IMI representan solo el 0,2% de su facturación.
Argumentos de la Fiscalía
La Fiscalía argumenta que “toda la investigación se está realizando sin apoyatura legal”, ya que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser perseguidos si existe una actuación del ministerio fiscal o de un “agraviado”. En este caso, la acusación es “popular” y no “particular”, lo que, según la fiscal Manuela Fernández Álvarez, “resulta evidente la ausencia del requisito de perseguibilidad/procedibilidad”.
La Fiscalía plantea que esta situación se traduce en la “absoluta nulidad de todo lo practicado y referido a este delito de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”, limitando el escenario de la investigación al delito de contrabando.
Críticas al registro
La Fiscalía también critica la decisión del juez de abrir una pieza separada para ejecutar el registro en Sidenor, a pesar de haber solicitado previamente que se requiriera a la compañía la documentación sobre los movimientos de acero vía Londres. Según la Fiscalía, Sidenor había manifestado su intención de recopilar y entregar dicha documentación.
La fiscal califica el operativo como “inadecuado” y “desproporcionado”, al no existir indicios de que la documentación pudiera desaparecer. Por ello, demanda la “revocación” de las actuaciones y que se deje “sin efecto” el registro de la planta de Basauri.
