Nueve funcionarios investigados por acceder a viviendas protegidas en Alicante
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El Ayuntamiento de Alicante ha abierto expedientes a dos de sus nueve funcionarios que obtuvieron viviendas en la promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicada en la playa de San Juan. Esta promoción, donde los pisos a precio de mercado superarían los 400.000 euros, fueron adquiridos por los funcionarios por alrededor de 225.000 euros.
Además de los funcionarios, familiares y personas vinculadas a cargos del Partido Popular, así como hijos de notarios, arquitectos y altos funcionarios de la Generalitat Valenciana, también se beneficiaron de estas viviendas que cuentan con piscina, pistas de pádel y salón social comunitario.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ordenó cruzar los datos de todo el personal municipal con los beneficiarios de esta promoción, compuesta por 140 inmuebles de tres y cuatro dormitorios. Tras la investigación, el concejal del PP Mario Villar comunicó a los sindicatos la apertura de expediente a dos de los nueve funcionarios con vivienda adjudicada en Les Naus.
Funcionarios bajo investigación
Los dos empleados públicos investigados son el arquitecto Francisco Nieto y su compañera del departamento de Urbanismo, Elsa Lloret, cuyo marido es un técnico de la Generalitat que validó su solicitud.
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante emitió un comunicado pidiendo que se diferencie entre los trabajadores públicos que accedieron legalmente a las viviendas y aquellos cuya “conducta individual debe ser investigada”, rechazando cualquier generalización que pueda dañar la imagen del personal municipal.
Posibles irregularidades
Se investiga también que un tercio de los adjudicatarios no estaban empadronados en Alicante al momento de la adjudicación. A esto se suman otras posibles irregularidades, como la superación de los límites de renta y la ocultación de información relevante, como la pertenencia al mismo núcleo familiar.
Actualmente, existen investigaciones abiertas en un juzgado de instrucción y por parte de la Fiscalía, y se han comprometido comisiones de investigación tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en Les Corts.
Alcance a la Generalitat
La polémica se extiende también a la Generalitat. Un funcionario que participó en los visados ha sido suspendido de empleo y sueldo. Además, una exinterventora de la Generalitat, con un salario superior a los 70.000 euros anuales, también accedió a una de estas viviendas protegidas, a pesar de contar con otra vivienda en nuda propiedad.
La Conselleria de Vivienda ha solicitado información a diez propietarios de la promoción para verificar que cumplen con todos los requisitos, tras levantar sospechas sus casos.
