Madrid vetará el acceso a vivienda protegida a personas condenadas por okupación
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Comunidad de Madrid ha anunciado una medida contundente para combatir la ocupación ilegal: impedirá durante cinco años el acceso a viviendas protegidas a quienes hayan sido condenados por este delito. Esta restricción, que se aplicará a partir de ahora, busca garantizar que los recursos públicos se destinen a personas que cumplen con la legalidad y respetan los procedimientos establecidos.
Un nuevo filtro en la adjudicación de viviendas
La medida se implementará como un nuevo requisito en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas, tanto en régimen de alquiler como en otras modalidades.
Esto significa que, incluso si cumplen con los requisitos económicos y sociales, quienes tengan una sentencia firme por ocupación ilegal quedarán excluidos de las convocatorias durante un período de cinco años.
Esta restricción se suma a otros filtros ya existentes, como los límites de ingresos, el empadronamiento y la situación familiar, endureciendo así los criterios de acceso a la vivienda pública en la región.
Objetivo: Priorizar a quienes cumplen la ley
El gobierno autonómico defiende que permitir el acceso a personas condenadas por ocupación supondría un agravio comparativo frente a quienes llevan años esperando una vivienda por los cauces legales. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado el compromiso de su gobierno en la lucha contra la ocupación, a pesar de las limitaciones competenciales en esta materia.
Además, se espera que la medida tenga un efecto disuasorio y contribuya a reforzar la seguridad jurídica, evitando que la vivienda pública se perciba como una vía indirecta de regularización tras una ocupación ilegal.
Críticas y controversias
La decisión no ha estado exenta de críticas.
Organizaciones sociales y colectivos vinculados al derecho a la vivienda advierten de que la restricción puede agravar situaciones de exclusión, especialmente en personas con graves dificultades económicas o laborales. Estas entidades recuerdan que, en muchos casos, la ocupación está relacionada con situaciones de emergencia habitacional y reclaman un mayor esfuerzo por parte de las administraciones en la inversión pública en vivienda y el desarrollo de alternativas antes de aplicar medidas sancionadoras.
Un endurecimiento general de las políticas
La iniciativa del Gobierno madrileño se enmarca en una tendencia más amplia de endurecimiento de las políticas contra la ocupación ilegal en varias comunidades autónomas.
En los últimos años, distintas administraciones han reforzado los controles sobre el acceso a vivienda pública y han impulsado reformas para agilizar los procesos judiciales.
A medio plazo, la aplicación del veto podría modificar el perfil de los solicitantes de vivienda protegida, reduciendo la presencia de personas con antecedentes por ocupación en las listas de espera. Sin embargo, su impacto real dependerá en gran medida de la capacidad de las administraciones para ampliar el parque público y responder al problema del acceso a la vivienda.
