Alumnos migrantes, excluidos de la FP por no poder hacer prácticas
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Un cambio en la normativa estatal ha paralizado la formación en empresas de estudiantes migrantes, impidiéndoles concluir sus estudios de Formación Profesional (FP). La nueva regulación exige que los estudiantes estén afiliados a la Seguridad Social para realizar las prácticas, un requisito que muchos no pueden cumplir.
El caso de Camila: un futuro en pausa
Camila García, una estudiante de grado superior en Santander, se encontró de repente con una serie de obstáculos: la imposibilidad de formalizar su arraigo en España debido a la falta de documentación, la imposibilidad de realizar sus prácticas de FP por no estar dada de alta en la Seguridad Social y la incertidumbre sobre el proceso de regularización anunciado por el Gobierno.
Camila, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, trabaja limpiando casas sin contrato mientras estudia. Se pregunta con frustración por qué, si el año pasado se permitían las prácticas con pasaporte, ahora se exige el número de la Seguridad Social.
La joven, originaria de Lima (Perú) y residente en España desde hace más de dos años, recibió la noticia de que no podría terminar sus estudios este curso. A pesar de su fortaleza mental, no comprende la traba burocrática que le impide avanzar.
Un problema generalizado
La situación de Camila no es un caso aislado. Se estima que más de un centenar de estudiantes migrantes en situación irregular en Cantabria se encuentran “bloqueados” para realizar las prácticas obligatorias. La problemática se extiende por toda España, donde la Ley de Extranjería permite a los migrantes irregulares formarse en la educación postobligatoria, pero ahora se les exige estar dados de alta en la Seguridad Social para el periodo de prácticas.
Según una fuente docente, la Seguridad Social no se percató del cambio legislativo el curso pasado, pero en el curso 2025 revisó los procedimientos y comenzó a aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, la ley de FP no especifica quién debe dar de alta al estudiante en la Seguridad Social: si la empresa o la Consejería.
Las instrucciones recibidas por el instituto de Camila en Santander reflejan este cambio. Mientras que en 2024 no se mencionaba el NUSS, en las instrucciones de 2025 aparece hasta en 22 ocasiones, indicando claramente que los alumnos sin NUSS no podrán realizar la Formación en Empresa.
Buscando soluciones
Camila confía en poder realizar las prácticas el próximo curso, pero no tiene certezas. En Cantabria, diversas organizaciones como Movimiento por la Paz (MPD) y Cruz Roja están buscando soluciones y se han reunido con profesores para abordar el problema. El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) también ha alertado al delegado del Gobierno en Cantabria sobre la situación.
Un futuro incierto
La situación familiar de Camila es aún más complicada, ya que sus dos hermanas también están bloqueadas para realizar las prácticas. Ante este panorama, Camila se mantiene esperanzada en el proceso de regularización anunciado por el Gobierno, aunque reconoce que existen muchas incógnitas.
A pesar de las dificultades, Camila se muestra decidida a seguir estudiando y alcanzar su sueño de trabajar como azafata o en cruceros. “No tengo opción de retroceder”, afirma con estoicismo, “sea lo que sea que venga, es un reto que asumiré”.
