Las familias de los 21 fallecidos en la tragedia del Villa de Pitanxo rinden este próximo domingo un homenaje en Marín (Pontevedra) a las víctimas por el cuarto aniversario del hundimiento del pesquero gallego. 

El homenaje se producirá pocos días después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha propuesto juzgar al capitán del pesquero gallego Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora Pesquerías Nores Marín por la muerte de 21 tripulantes en el naufragio ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En el auto de procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el magistrado envía a juicio al administrador de la armadora, José Antonio Nores Rodríguez, al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, y al capitán, Juan Enrique Padín, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Como responsables civiles, el juez señala a Pesquerías Nores Marín como responsable civil subsidiaria y a su aseguradora como responsable civil directa.

El magistrado describe en su resolución diversos factores que contribuyeron al hundimiento del buque, como la sobrecarga no controlada, la falta de medidas de precaución ante una virada con malas condiciones meteorológicas o la decisión del capitán de continuar la maniobra pese al peligro.

Además, sostiene que la orden de abandonar el barco se dio demasiado tarde, lo que redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia. “Cuando la dio, las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”, recoge el auto.

Otro elemento determinante fue la existencia de una única escalera desde la cubierta hasta las zonas de embarque en las balsas salvavidas, inaccesible en el momento del abandono, lo que obligó a los marineros a buscar otras vías.

El juez también apunta a la falta de formación de la tripulación en materia de salvamento y navegación en aguas frías. Recuerda que el Villa de Pitanxo no estaba autorizado para operar en zonas con hielo y que sus marineros no disponían de instrucción sobre los riesgos de hipotermia.

De los 21 fallecidos, 12 no fueron hallados y los demás murieron por ahogamiento o hipotermia. Tres tripulantes, incluido el capitán, fueron rescatados con vida en una de las balsas.

El auto también detalla que los trajes de inmersión no estaban revisados conforme a la normativa, por lo que es probable que no funcionaran en condiciones óptimas.

Además, el capitán informó días antes de que al menos ocho tripulantes estaban contagiados de COVID-19, lo que habría afectado a sus condiciones físicas.

El órgano judicial otorga un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar su escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento de la causa.Las conclusiones de la Fiscalía

La decisión del juez se produce después de que la Fiscalía presentase su informe final, en el que atribuye la responsabilidad del naufragio al capitán y a los responsables de la armadora.

El Ministerio Público considera demostrado que ambos permitieron el trabajo en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y grave desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes, lo que desembocó en el fatal desenlace.

Según la Fiscalía, el buque estaba sobrecargado con tanques de combustible instalados sin autorización legal, lo que vulneraba los criterios de estabilidad reglamentarios y redujo las posibilidades de supervivencia en caso de inundación.

El informe añade que el capitán incumplió sus obligaciones al no tomar las precauciones necesarias en plena tormenta ni valorar adecuadamente la situación durante la maniobra final. La orden de abandono del barco se dio demasiado tarde, insiste el Ministerio Público.

Por su parte, los armadores habrían incumplido sus deberes en materia de seguridad laboral, al no garantizar una correcta vía de evacuación ni instalar la escalera de estribor prevista en el plano de salvamento del barco.