Jóvenes contra Mayores: Un Relato que Beneficia al Capital

La narrativa de una guerra intergeneracional, aunque contiene elementos de verdad, oculta una realidad más profunda. La desigualdad entre generaciones en términos de renta y riqueza es innegable, pero atribuir la pobreza relativa de los jóvenes a la riqueza relativa de los mayores es un salto argumentativo injustificado.

Esta falacia permite la idea de que la “generosidad injusta” de las fuentes de recursos de las generaciones mayores, como las pensiones, es el problema central. Sin embargo, este análisis convencional carece de perspectiva histórica e internacional, lo que impide comprender el fenómeno en su totalidad y conduce a posiciones conservadoras que favorecen el desmantelamiento de las conquistas sociales.

La Importancia de la Historia

Los seres humanos vivimos en comunidades organizadas colectivamente a través de instituciones históricamente específicas. Nuestras posibilidades están condicionadas por el tipo de sociedad en la que vivimos: una sociedad de cazadores-recolectores, una sociedad agraria medieval o una sociedad capitalista moderna. Incluso dentro del capitalismo, las condiciones varían significativamente a lo largo del tiempo.

Las instituciones evolucionan, y la sociología se ha centrado en las razones detrás de estas mutaciones. La lucha política entre grupos sociales, especialmente en el ámbito laboral, es un factor clave. En el capitalismo industrial británico temprano, no existía el derecho laboral, y las condiciones de trabajo eran de explotación severa. Sin embargo, las luchas políticas impusieron límites a esta explotación, dando lugar a leyes que protegían contra los abusos más brutales.

Esta lucha política continuó, y a lo largo de las décadas siguientes, se ampliaron las protecciones para la clase trabajadora, culminando en el Estado Social o Estado del Bienestar. Este conjunto de instituciones buscaba frenar los abusos del capital contra el trabajo. La especificidad histórica radica en que no hay dos Estados Sociales iguales, y sus contenidos están en constante disputa y redefinición. Por lo tanto, las conquistas sociales son siempre contingentes y nunca definitivas.

Los teóricos han intentado periodizar estos cambios, destacando el contraste entre el capitalismo salvaje del siglo XIX, el período keynesiano-fordista posterior a la Segunda Guerra Mundial y el período neoliberal que desmanteló las conquistas sociales a partir de los años ochenta. Esta clasificación revela cómo las instituciones, especialmente los derechos laborales, cambian con el tiempo y afectan desigualmente a las generaciones.

Es lógico que un individuo criado en una sociedad fordista, con sus grandes fábricas, alta afiliación sindical y un Estado Social fuerte, no disfrute de los mismos derechos que otro individuo criado décadas después en una sociedad posfordista o neoliberal, donde el trabajo es precario y flexible. Sin embargo, este enfoque está ausente en los análisis de la “guerra intergeneracional”, que parecen ignorar la historia y el cambio social.

El Caso de España

España construyó su Estado Social a contracorriente del resto de Europa, ya que su construcción coincidió con el desmantelamiento en otros países. Además, las bases económicas no eran las más adecuadas. España se industrializó tardíamente y se desindustrializó rápidamente.

Durante los años ochenta, este proceso se aceleró, junto con la disminución de la importancia del sector agrícola y el crecimiento del sector servicios, especialmente el turismo y los servicios inmobiliarios. Esto provocó la caída del empleo en el sector industrial, pasando del 23% en 1980 a menos del 10% en la actualidad. Esta transformación implicó la desaparición del obrero industrial y su sustitución por trabajadores menos cualificados en sectores de baja intensidad sindical, lo que flexibilizó e individualizó las relaciones laborales, dejando al trabajador en una situación más vulnerable.

Esto tuvo consecuencias políticas y económicas. La participación de los salarios en la renta ha disminuido sistemáticamente, paralelamente al declive del empleo industrial. Esto significa que una menor parte del valor monetario de la producción se destina a los salarios y una mayor parte a los beneficios empresariales.

Estos datos sugieren que la desindustrialización ha sido un factor estructural clave en la caída de la participación salarial en España. La industria genera empleos con mayor productividad, mayor poder negociador y mayor capacidad de captura de rentas por parte de los trabajadores. Por lo tanto, la terciarización de la economía española, especialmente hacia servicios de bajo valor añadido, ha debilitado la posición estructural del trabajo frente al capital.

Sin embargo, la desindustrialización no ha operado en el vacío. Ha estado acompañada por una creciente financiarización de la economía española y por la inflación persistente del precio de los activos inmobiliarios. La vivienda se ha convertido en un mecanismo central de acumulación patrimonial para las cohortes que accedieron a la propiedad en décadas de precios relativamente bajos y crédito expansivo. Esta dinámica ha amplificado la divergencia patrimonial entre generaciones, no porque los mayores “extraigan” recursos de los jóvenes, sino porque el modelo de crecimiento ha desplazado la generación de renta desde el trabajo productivo hacia la revalorización de activos. Es una transformación estructural del régimen de acumulación, no un conflicto entre edades.

Las reformas laborales, particularmente las de 1984, 1997, 2010 y 2012, han mermado la capacidad de negociación de la clase trabajadora, lo que se ha traducido en condiciones de trabajo más precarias y salarios relativamente más reducidos. El modelo laboral neoliberal se justificaba en aras de una supuesta mayor capacidad de adaptación de la mano de obra a una estructura productiva desindustrializada y crecientemente dependiente de sectores precarios.

Esto generó un mercado laboral segmentado, donde las generaciones anteriores disfrutaban de derechos laborales que ya no existían para las nuevas generaciones. Este patrón no es exclusivo de España, sino que se observa en todas las economías occidentales como resultado de la globalización neoliberal. Los países que han preservado un mayor peso industrial y una arquitectura institucional más robusta han registrado dinámicas distributivas relativamente más equilibradas. Esto sugiere que el problema no radica en la edad de los ciudadanos, sino en el tipo de estructura productiva e institucional que enmarca sus trayectorias vitales.

La propuesta del “contrato único”, que pretendía homogeneizar las condiciones laborales a la baja, retirando las protecciones de los grupos mayores, y los discursos de la “guerra intergeneracional” son un eco de estas propuestas, aunque de una manera más ingenua.

Conclusión

El énfasis recurrente en las pensiones como supuesto obstáculo para el progreso de las generaciones jóvenes incurre en un error de perspectiva macroeconómica. El sistema de pensiones no es un mecanismo autónomo que compita con los salarios de los jóvenes, sino una institución que depende estructuralmente de la masa salarial y del nivel de empleo. Cuando la participación del trabajo en la renta se reduce y la estructura productiva se orienta hacia sectores de bajo valor añadido, se deteriora simultáneamente la base financiera del Estado Social. El problema, por tanto, no es la “generosidad” de las pensiones, sino el debilitamiento de la capacidad productiva y distributiva del conjunto de la economía.

El problema no son los boomers, sino que el mundo donde se insertaban ha sido sustituido por otro con una fracción de sus derechos y oportunidades laborales. La incapacidad histórica de defender las conquistas anteriores frente al avance brutal del neoliberalismo ha llevado a las nuevas generaciones a una situación de enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, son las instituciones y la lucha política las que explican fundamentalmente las diferencias intergeneracionales de renta y riqueza. La solución pasa por más conquistas sociales, y no menos, y una profunda reestructuración de la economía que pase por la reindustrialización, el final de la dependencia sobre sectores de bajo valor añadido y la excesiva capacidad de poder de los empleadores privados.

En definitiva, no estamos ante un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, sino ante un conflicto más profundo entre rentas del trabajo y rentas del capital en un régimen de acumulación que ha debilitado sistemáticamente la posición estructural del primero. Las diferencias intergeneracionales son la expresión demográfica de esa transformación institucional. Pretender resolverlas erosionando las conquistas sociales existentes equivale a profundizar la lógica que generó el problema. La salida no pasa por redistribuir escasez entre cohortes, sino por reconstruir poder social, reorientar el modelo productivo y ampliar las instituciones que protegen al trabajo.