
Incentivos en Cataluña para centros que reduzcan las bajas laborales generan controversia
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Los Centros de Atención Primaria (CAP) en Cataluña recibirán un incentivo económico si logran reducir la duración de las bajas laborales, una medida que ha generado polémica y rechazo entre médicos y sindicatos.
¿En qué consiste el plan?
La Generalitat busca combatir la alta tasa de incapacidades temporales ofreciendo un plus de financiación a los CAP que limiten las bajas laborales que excedan los tiempos estandarizados. Este incentivo se aplicará, en principio, a los diagnósticos de dolencias osteomusculares y de salud mental, que representan el 56% del total de días de incapacidad temporal en Cataluña.
Si bien el dinero adicional se destinará a los centros de salud y no directamente a los médicos, la medida ha desatado críticas. Los sindicatos la rechazan, generando inquietud entre los profesionales sanitarios. Algunos partidos de la oposición han solicitado a la Consellera de Salut, Olga Pané, que reconsidere la iniciativa.
El objetivo de la Consellera de Salut
Desde su llegada al frente de la Conselleria de Salut, Olga Pané ha manifestado su preocupación por la alta prevalencia de incapacidades temporales en Cataluña. Argumenta que la comunidad autónoma es una de las que más bajas laborales expide (618 por cada 1.000 afiliados en 2024) y donde más ha crecido esta realidad en la última década (un 63% desde 2016).
En este contexto, la Conselleria firmó en enero de 2025 un convenio con el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) para el “control” de las incapacidades temporales, acuerdo que ha servido de base para la aprobación de los actuales incentivos.
Aunque el convenio menciona “incentivos económicos” a los médicos para “adecuar la duración” de las bajas a los días estrictamente necesarios, finalmente Salut ha optado por un plus económico para el propio CAP. El cumplimiento de todos los objetivos (17 en el caso de la Atención Primaria) supone recibir un 5% más del presupuesto previsto de base.
Los tiempos “óptimos” para cada enfermedad están descritos en un manual del INSS, pero no queda claro hasta qué punto los médicos deberán ceñirse a ellos para cumplir con el requisito.
Críticas y advertencias
Eva Viciano, médica de familia en Barcelona, denuncia que la medida es una “dinámica perversa y una medida de presión económica que va en contra de la ética profesional”. Advierte sobre las dificultades de aplicar un incentivo de este tipo, ya que muchos pacientes no encajan en una categoría profesional concreta y existen diagnósticos difíciles de encuadrar.
Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP), junto con sindicatos como Metges de Catalunya, CCOO y UGT, también rechazan la medida. Mireia Prat, presidenta de Atención Primaria de Metges de Catalunya, advierte que “usar criterios estadísticos para calcular los días que debe durar una baja es simplista” y puede dañar la confianza entre médico y paciente.
La defensa de Salut
El Departament de Salut defiende que no persigue acortar las bajas, sino evitar que se alarguen “innecesariamente” por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas. Aseguran que hay bajas que se prolongan sin motivos clínicos claros, a la espera de pruebas que se demoran por las largas listas de espera, lo que perjudica tanto al trabajador como al sistema sanitario.
Desde Salut aseguran que el dinero extra que reciban los centros se invertirá en resolver estos casos, reforzando circuitos, agilizando pruebas, mejorando la coordinación e implementando herramientas de seguimiento.
Jaume Sellarès, vicepresidente del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), coincide con Salut en que los CAP pueden incorporar procesos o profesionales especialistas para avanzar diagnósticos. Sugiere facilitar el acceso a profesionales de la psicología o la psiquiatría para una intervención rápida en el centro de salud.
Reacciones políticas
Partidos de izquierda como ERC, Comuns y CUP han exigido a la Consellera Pané que rectifique la medida. Critican que la propuesta desplaza el foco asistencial de la salud y el bienestar de las personas al control del gasto.













