El Supremo ya alertó del riesgo de aislar a las mujeres al prohibir el burka, como piden PP y Vox
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El Partido Popular intensifica su acercamiento a Vox en medio de negociaciones autonómicas. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apoyará en el Congreso la tramitación de una iniciativa parlamentaria de la extrema derecha que busca prohibir el velo integral en espacios públicos.
La prohibición del burka o el niqab, recuperada por Vox como parte de su agenda antiinmigración, fue analizada por el Tribunal Supremo hace más de una década, que advirtió sobre el riesgo de aislamiento para las mujeres que pueden verse afectadas por este tipo de medidas.
En una sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo argumentó que esta prohibición podría tener un “efecto perverso”: el “enclaustramiento de la mujer en su entorno familiar inmediato” si prioriza sus convicciones religiosas sobre otras consideraciones. Según la resolución, impedir el acceso a espacios públicos con atuendos que ocultan el cuerpo de la mujer sería “contrario al objetivo de integración”.
El Alto Tribunal se pronunció así en 2013 al declarar nula la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos acordada por el Ayuntamiento de Lleida tres años antes. La iniciativa había sido aprobada con los votos de PSC y PP, sumándose a una propuesta de CiU que planteaba modificar la ordenanza de civismo y convivencia para prohibir el uso de estas prendas en edificios municipales. ERC se abstuvo e ICV votó en contra del texto, que contemplaba sanciones de hasta 600 euros.
El argumento del posible riesgo de aislamiento fue utilizado por el Supremo para rechazar la idea de que la prohibición del velo integral era una medida necesaria en una sociedad democrática para proteger la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Los magistrados consideraron que no se puede asumir que todas las mujeres portan el velo “como consecuencia de una coacción externa contraria a la igualdad de la mujer”.
No obstante, el principal motivo que llevó al Supremo a anular la ordenanza fue la ausencia de una ley que autorizara al Ayuntamiento a limitar el ejercicio de un derecho fundamental, como es el de la libertad religiosa. Los jueces concluyeron que la regulación mediante ley estatal es un requisito para la imposición de límites al ejercicio de este derecho, advirtiendo que no se pronunciaban sobre si esta prohibición cabe o no en la Constitución, ya que es una decisión que corresponde al legislador.
Vox arrastra al PP en su ofensiva antimigratoria
Aunque el uso de prendas femeninas relacionadas con el rito islámico ha sido objeto de debate incluso en la izquierda y el movimiento feminista, el texto registrado por Vox que se debatirá está impregnado de un claro sesgo antimigratorio, generando el rechazo de las fuerzas progresistas. Con la incertidumbre sobre la postura final de Junts, el Partido Popular ha adelantado su respaldo a la proposición de ley de la ultraderecha, lo que hace que los votos de Puigdemont en el Congreso sean decisivos.
El debate parlamentario es relevante no solo por el contenido de la proposición de ley, sino por el contexto político en el que se produce. Vox ha decidido elevarla a su primer trámite parlamentario en medio de negociaciones con el PP para la conformación de gobiernos autonómicos y en plena cuenta atrás para las elecciones en Castilla y León. Este contexto obliga al PP a no oponerse a la ofensiva ultra contra las personas migrantes.
El texto que apoyarán PP y Vox afirma que los “bienes y derechos” de “Occidente” están siendo amenazados por la “llegada masiva de inmigrantes procedentes de otros continentes”.
Según Vox, “algunas de esas personas” pretenden “imponer las costumbres islamistas en el espacio público” europeo por una “falsa noción de tolerancia” que lleva a “permitir la progresiva normalización de hábitos como la circulación masiva de personas con el rostro cubierto”.
La norma indica que portar el niqab o el burka es “sencillamente incompatible con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana”.
La portavoz parlamentaria del PP aseguró que su partido “aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento”, señalando que “PP y Vox tienen que entenderse y llegar a un acuerdo porque la prioridad no son los partidos, sino los españoles”.
La proposición establece la prohibición de utilizar en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público los velos denominados niqab y burka, así como la capacidad de sancionar su uso y la acción de obligar a su uso por parte de padres o tutores.
La proposición no diferencia entre la acción voluntaria de la mujer o la imposición por parte de su entorno. Las sanciones se aplicarán a cuenta de la ‘ley mordaza’ e implican una “multa en grado medio”, entre 10.401 y 20.200 euros.
La incógnita de Junts
Junts no ha revelado el sentido de su voto, pero la última vez que se posicionaron sobre la prohibición del uso del velo en el Parlament de Catalunya, lo hicieron en base a un discurso alineado con las posiciones antimigratorias más duras.
“Nuestro modelo es la defensa de los derechos de los niños, que hemos construido entre todos; la igualdad de género y la emancipación de la mujer. Por eso no queremos que lleven el velo. Si no pueden decidir libremente, lo mejor es prohibirlo”, dijo el portavoz de Junts, David Saldoni, en aquel debate parlamentario.
Junts se vio obligado a tratar el asunto en su Ejecutiva y a posicionarse a favor del veto total a los velos integrales que impiden ver el rostro en el espacio público y a todos los tipos de velos en el ámbito escolar.
Su voto determinará si la medida pasa el primer trámite parlamentario. Hace más de una década, la iniciativa que convirtió a Lleida en la primera ciudad española en prohibir el burka en edificios públicos partió de CiU, partido del que Junts es considerado heredero político.
