Drama en Cataluña: Familias de niños con discapacidad al borde del colapso por falta de ayudas
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La situación de muchas familias catalanas con hijos con discapacidad es crítica. Miles de afectados denuncian años de espera para recibir ayudas públicas esenciales, mientras deben afrontar gastos elevadísimos para garantizar una vida digna a sus hijos.
Se estima que entre 60.000 y 70.000 personas con discapacidad en Cataluña se ven afectadas por esta problemática, un aumento del 10% desde 2019, representando un 8,5% de la población catalana.
Un caso que refleja la crisis: La historia de Laia y su hijo Quim
La historia de Laia Capdevila, madre de tres hijos, ilustra esta difícil situación. Su hijo menor, Quim, de dos años, padece parálisis cerebral y tiene un grado de discapacidad reconocido del 85%, lo que lo convierte en una persona totalmente dependiente. Laia espera estas ayudas desde finales de 2023, pero las necesidades de Quim, especialmente en cuanto a instrumentos ortopédicos, cambian constantemente a medida que crece.
“Tenemos la necesidad de cambiar sus herramientas ortopédicas que le ayudan en el día a día”, lamenta.
Prestaciones de atención social (PUAS): Un sistema que ya no funciona
Las prestaciones de atención social (PUAS) antes cubrían gastos de adaptación del entorno a las necesidades del niño, como plataformas para la furgoneta, asientos giratorios o sillas adaptadas para la ducha. Laia recuerda cómo el sistema permitía afrontar estos costes: “Tú podías anticipar el pagamento, presentabas la factura y un formulario de solicitud, y al cabo de unos tres o seis meses recibías una carta con la aceptación y te cubrían ese producto ortopédico”. Ahora, la familia ha acumulado una deuda importante.
Laia calcula que la deuda asciende a unos 20.000 euros, una cantidad que, en otras circunstancias, estaría cubierta por la administración. Aunque la Seguridad Social cubre la silla de ruedas eléctrica de Quim, otras muchas ayudas necesarias no están disponibles.
Este desembolso supone un golpe duro para la economía familiar.
El problema: Un bloqueo administrativo y político
El problema reside en un bloqueo administrativo y político. A pesar de que el presupuesto para estas ayudas está previsto, no se ha liberado el dinero para efectuar los pagos. “Sí que se dispuso de presupuesto destinado a este tema, pero ahora mismo no hay”, afirma Laia, quien ha mantenido conversaciones con la administración. La respuesta es que “hasta que no se aprueben los presupuestos” no habrá fondos.
La situación depende de una decisión política que no llega, dejando a miles de familias en la incertidumbre.
Una luz de esperanza: Pagos retroactivos
La única esperanza es la promesa de que los pagos se realizarán con carácter retroactivo cuando se desbloqueen los presupuestos. “Nos han dicho que sería con carácter retroactivo, lo que significa que presentando las facturas de 2023 nos lo cubrirían. Esperamos que sea así”, explica Laia con cautela. Sin embargo, esta promesa no alivia la carga financiera inmediata.
El impacto emocional y familiar
La situación genera tensión familiar y un desgaste emocional constante.
“Esto tensiona mucho y es un dolor de cabeza importante”, confiesa Laia. Su familia ya asume semanalmente un alto coste en terapias de fisioterapia, rehabilitación y apoyo psicológico para Quim, quien tiene un desarrollo cognitivo excelente a pesar de su parálisis. “Nuestro hijo necesita un recurso y un apoyo psicológico para afrontar su día a día y que acepte y sepa gestionar sus emociones”, explica.
Estos gastos recurrentes, sumados a la falta de ayudas para el material ortopédico, agravan la presión sobre la economía familiar. Laia siente que la sociedad no está preparada para un mundo inclusivo y lamenta el abandono institucional.
“El día a día y la sociedad no está preparada para un mundo inclusivo como nos gustaría”, reflexiona. La lucha de esta familia es un reflejo de la de miles de personas que solo piden los recursos prometidos para poder ofrecer una vida digna a sus hijos.
