El Gobierno español avanza en la lucha contra la corrupción con nuevas medidas
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El Gobierno español ha dado un paso significativo en su compromiso contra la corrupción al aprobar en primera instancia un proyecto de ley de integridad pública. Esta iniciativa, impulsada tras el escándalo que involucró al exsecretario de Organización Santos Cerdán, busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este anteproyecto, que ahora deberá someterse a un proceso de debate parlamentario. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de presentar los detalles de esta propuesta.
Creación de una Agencia de Integridad Pública
Una de las medidas clave de este paquete anticorrupción es la creación de una Agencia de Integridad Pública. Este organismo, diseñado en colaboración con la OCDE, operará de forma independiente para prevenir, supervisar y perseguir prácticas corruptas. Además, se pretende extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración, identificando riesgos y vulnerabilidades mediante el análisis de datos.
El presidente Sánchez ha destacado la importancia de la inteligencia artificial en este proceso, con su implementación en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar patrones anómalos o indicios de fraude.
Endurecimiento de penas y listas negras
El proyecto de ley incluye modificaciones al Código Penal para aumentar las penas por delitos contra la Administración Pública y duplicar los plazos de prescripción. También se contempla aumentar las multas a las empresas corruptoras, calculándolas sobre sus ingresos anuales, y endurecer las sanciones por infracciones contables a los partidos políticos.
Asimismo, se incorporará un sistema de ‘black listing’ para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando con la Administración. En el caso de los partidos políticos, se retirarán las subvenciones públicas a aquellos que mantengan en sus listas a personas condenadas por corrupción.
Transparencia en las agendas institucionales
Otra medida importante es la Ley de Administración Abierta, que busca incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos. Estos estarán obligados a hacer pública su agenda institucional, desde ministros hasta subdirectores generales, incluyendo también a la Casa Real.
