Nuevas Revelaciones en la Polémica de Viviendas de Protección Pública en Alicante
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La controversia en torno a la adjudicación de Viviendas de Protección Pública (VPP) en el residencial ‘Les Naus’ de Alicante continúa creciendo, sumando ahora un nuevo nombre vinculado al Partido Popular. Según informes recientes, el hijo de la concejala de Medio Ambiente y Sanidad de Sant Vicent del Raspeig, Mercedes Torregrosa, figura como propietario de uno de estos inmuebles en la zona de La Condomina.
Fuentes cercanas a la concejala Torregrosa han defendido la legalidad de la adjudicación a su hijo, argumentando que cumple con todos los requisitos establecidos por la Generalitat. Entre ellos, ser mayor de edad, no poseer otras propiedades y tener ingresos anuales que no superen el límite de 54.600 euros fijado por el Consell de Mazón. Además, señalan que en 2022, cuando se formalizó la entrada en la cooperativa de viviendas, Torregrosa estaba apartada de la política activa tras abandonar el PP en 2019, regresando a las listas municipales solo en 2023.
Otro Caso Destacado: Tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant
Este nuevo caso se suma al de Sira Pérez, actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, quien también se encuentra entre los beneficiarios de esta promoción de viviendas. Pérez, que asumió su cargo en octubre tras seis años como interventora delegada en la Generalitat Valenciana, percibía un salario elevado, lo que ha generado sorpresa al aparecer en la lista de adjudicatarios de viviendas protegidas.
La funcionaria trabajó en la Conselleria de Economía y Hacienda hasta septiembre de 2025, ya bajo la administración del PP. La acumulación de nombres vinculados al PP en Alicante ha convertido a “Les Naus” en un foco de confrontación política y judicial.
Investigación en Curso y Solicitud de Verificación de Residentes
Con al menos 13 viviendas relacionadas con el entorno del Ayuntamiento de Alicante, el Consell ha solicitado formalmente que la Policía Local verifique la identidad de los residentes de la urbanización. La justicia investiga si estas adjudicaciones a personas con conexiones institucionales se realizaron conforme a los principios de igualdad, o si responden a una red de intereses cruzados dentro de la administración pública alicantina.
