PSPV denuncia presuntas irregularidades en la gestión del Hospital del Vinalopó por reutilización de material sanitario
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El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario del Vinalopó, gestionado por Elche Crevillent Salud S.A., perteneciente al grupo Ribera Salud. La denuncia se dirige contra el gerente del hospital, Rafael Carrasco Moreno, y contra otras personas que puedan resultar responsables durante la investigación.
La denuncia alega posibles delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación de prestaciones públicas por razones de discriminación.
La iniciativa judicial se basa en informaciones publicadas por medios de comunicación que revelan correos electrónicos internos de Ribera Salud. Según estas informaciones, la empresa habría reutilizado hasta diez veces catéteres de un solo uso en el Hospital Universitario del Vinalopó, una práctica prohibida por la normativa europea y española debido al riesgo para la seguridad del paciente.
Un correo electrónico de octubre de 2025, remitido por la jefa de auditoría del grupo, instaba a aplicar en el hospital de Torrejón prácticas que, según el mensaje, “ya se estaban realizando en Elche”, con el objetivo de ahorrar costes.
La normativa vigente, como el Reglamento (UE) 2017/745 y el Real Decreto 192/2023, establece condiciones restrictivas para el reprocesamiento de productos de un solo uso, especialmente aquellos que garantizan la seguridad del paciente y del personal sanitario.
El PSPV considera que la reutilización de este material podría haber puesto en riesgo la salud de los pacientes, comprometiendo la esterilidad, funcionalidad e integridad de los dispositivos médicos.
Afán de lucro y riesgo para la salud pública
El partido argumenta que estas prácticas responderían a un “desmedido afán de lucro” por parte de la empresa concesionaria en la prestación de un servicio público esencial como la sanidad.
El contrato de concesión de la asistencia sanitaria integral del Departamento de Salud Elx-Crevillent fue adjudicado en 2007 y prorrogado hasta 2030 por un importe superior a 826 millones de euros.
La denuncia señala que, de confirmarse los hechos, se habría producido una vulneración grave de las obligaciones contractuales y legales que rigen la prestación del servicio sanitario público, financiado con fondos públicos.
Falta de supervisión de la Generalitat
El PSPV también señala la posible omisión de deberes de vigilancia y control por parte de la Generalitat Valenciana, responsable de supervisar y garantizar la calidad asistencial del servicio.
Por ello, se solicita que se investigue si existió dejación de funciones en el control de la actividad de la concesionaria.
El Código Penal contempla responsabilidades en supuestos de omisión consciente de funciones inspectoras cuando ello favorece intereses privados en perjuicio del interés público, especialmente en materias que afectan directamente a la salud de la ciudadanía.
Diligencias solicitadas
El PSPV solicita a la Fiscalía que tome declaración al gerente del hospital, requiera a la Generalitat Valenciana el expediente íntegro del contrato de concesión, encargue a la Intervención General el análisis de la ejecución del contrato, identifique a las personas responsables de la supervisión del servicio y requiera a la empresa concesionaria la identificación del equipo directivo del hospital.
El PSPV afirma que actúa “en defensa de la legalidad, la salud pública y el interés general” y subraya que la sanidad pública debe regirse por los más altos estándares de seguridad, transparencia y control.
“Cuando se trata de la salud de los ciudadanos, no cabe el ahorro a costa de la seguridad”, concluyen los socialistas, que reclaman que se depuren todas las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
Reacciones
La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts, Yaissel Sánchez, ha calificado de “absolutamente escandaloso” que Ribera Salud haya podido priorizar el beneficio económico por encima de la salud de la ciudadanía. Sánchez advierte que, de confirmarse los hechos, se estaría ante una práctica intolerable que pone en riesgo la seguridad de los pacientes y evidencia las consecuencias de mantener un modelo concesional que antepone la rentabilidad a la calidad asistencial.
Además, Sánchez ha señalado la responsabilidad de la Conselleria de Sanidad y del president de la Generalitat por no haber ejercido el control “férreo y riguroso” que establecen los pliegos de la concesión. Ha recordado que se trata de la única concesión sanitaria que permanece en la Comunitat Valenciana por decisión del actual Consell y ha subrayado que el PSPV-PSOE seguirá defendiendo una sanidad pública, transparente y centrada exclusivamente en la protección de la salud y la confianza de la ciudadanía.
