El Ministerio de Igualdad en España se enfrenta a la oposición por el veto a entidades no abolicionistas en ayudas contra la violencia de género
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Más de treinta organizaciones han manifestado su rechazo a la propuesta del Ministerio de Igualdad de modificar los requisitos para acceder a las ayudas públicas destinadas a la lucha contra la violencia machista y la trata de personas. La controversia surge a raíz de la intención del ministerio de vetar a aquellas entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución.
Las organizaciones críticas advierten que esta medida es inconstitucional y contraria a los principios de igualdad, neutralidad ideológica y pluralismo democrático. Argumentan que se está imponiendo una postura ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos, lo que vulnera los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho.
Críticas desde diversos sectores
Colectivos de trabajadoras sexuales, organizaciones feministas y Amnistía Internacional se han sumado a las críticas. Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), señaló que esta exigencia impone una posición ideológica para acceder a fondos públicos. Las organizaciones exigen que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios.
Las organizaciones se reconocen comprometidas con la lucha contra todas las formas de violencia, incluida la trata y la explotación sexual. Sin embargo, consideran que se está intentando instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica.
La justificación del Ministerio de Igualdad
El Ministerio de Igualdad defiende que los cambios propuestos buscan reafirmar el enfoque feminista de las subvenciones, basándose en la perspectiva de género y el enfoque abolicionista que orientan sus políticas públicas. Según la memoria de impacto de la modificación legislativa, se exige a las entidades que acrediten su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.
El ministerio asegura que considerar la prostitución como una forma de violencia machista no constituye una imposición ideológica, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y protección de los derechos humanos.
Posibles consecuencias y falta de consenso
Los colectivos críticos advierten que esta medida reducirá el número de entidades que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de su posición sobre la prostitución. Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid, señaló que excluir a las organizaciones no abolicionistas debilita los recursos para intervenir en contextos de gran complejidad y atenta contra el derecho a la libertad de asociación.
Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, lamentaron que la decisión se haya tomado sin consultar a las organizaciones formadas por prostitutas.
Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución, sostienen que no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista y consideran la medida como una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica.
